Esta semana se conoció la medición oficial de inflación para todo el 2020 que fue menor a la esperada por el impacto de la recesión y de la pandemia. Arrojó una suba de 36,1%, fue menor a lo que se esperaba anteriormente al aterrizaje del coronavirus en la Argentina pero no deja de ser altísima, una de las elevadas en todo el mundo. Lo que más alarma de este indicador es que la denominada inflación núcleo, principalmente alimentos y bebidas sigue siendo muy alta y por lo tanto golpea más fuertemente a los sectores más vulnerables.
El dato que encendió especialmente las alarmas fue que en diciembre los precios treparon un 4% y eso implicaría que la velocidad de los aumentos no frenaría en los primeros días de este año, en los que además la Argentina atraviesa una nueva ola ascendente de contagios por Covid que podría complicar la reactivación económica que el Gobierno espera se visibilice de la mano de la construcción. De hecho ya hay algunas consultoras que proyectan una inflación mensual en torno al 4% para los primeros tres meses de este año. Eso ya le marcaría una cancha fangosa a los bolsillos argentinos para el resto del año.
Por eso fue importante seguir de cerca el último conflicto que se dio en los últimos días entre el Gobierno y el campo. Finalmente el Gobierno dio marcha atrás en las restricciones que había impuesto a la exportación de maíz y el campo decidió levantar el paro de comercialización que había decidido en protesta por esa decisión. El maíz es un producto que se necesita en varias cadenas productivas de alimentos como insumo, por ejemplo para pollos. Cualquier suba en ese insumo repercute en el precio final de góndola, aunque los productores sostiene que es menor es incidencia que otros costos de la economía nacional.
Lo cierto es que, así las cosas, y con una presión inflacionaria alta, pareciera que cada pieza que se mueve aunque más no sea un milímetro complica la ecuación final. Por eso, por ejemplo, el Gobierno decidió prorrogar Precios Cuidados incorporando incluso nuevos productos y variedades pero no sin autorizar un aumento general porque aquellos bienes que tienen precios regulados subieron por debajo de la inflación general pero todos los otros no. Y, en este sentido, será troncal lo que se resuelva en materia de tarifas que, por ahora el Gobierno mantiene sin aumentos hasta marzo (al prorrogar el decreto que las congelaba hasta diciembre). La pregunta del millón es si autorizará una suba antes de las elecciones legislativas o, en cambio, la pateará para después de octubre. Esta decisión le pone presión al equipo económico que negocia un acuerdo con el Fondo Monetario, que le exige menos gastos y menos subsidios a las tarifas. Todo eso en medio de una frazada corta y cruzando los dedos para que la situación sanitaria afloje porque entre los recursos 2021 no está contemplada la asistencia social por el coronavirus como el año pasado.