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jueves, octubre 28, 2021
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El 26 de octubre serán las imputaciones a los ex directivos de Vicentin por estafas

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputará el próximo martes 26 de octubre por distintos delitos penales a los principales directores que tenía Vicentín cuando entró en default en diciembre de 2019.

Será el fiscal Miguel Moreno quien realizará las imputaciones en el marco de una audiencia presencial. Hay más de diez altos ejecutivos comprometidos, incluido algunos directores suplentes. En la lista de los imputados están todos los portadores de los históricos apellidos familiares ligados a la agroexportadora santafesina.

Justo para esa fecha estaba previsto la audiencia para discutir una revisión pedida por la defensa de Vicentín de la cautelar que mantiene interdictada la venta de Friar, una empresa del holding, a Baf. Si bien se podría realizar esa reunión con posterior a la audiencia, todo indica que la Oficina de Gestión Judicial tomará la decisión de desdoblar el trámite y realizar esa audiencia otro día.

En un caso poco común, los principales acreedores privados de la empresa denunciaron penalmente por estafa, administración fraudulenta y falsificación de balances. En paralelo, también organismos del Estado como el Banco Nación y la Afip avanzan penalmente contra la empresa que quedó debiendo 1.500 millones de dólares a unos 1.600 acreedores, lo que convirtió a su caía en el principal default en la historia del mercado de granos.

La imputación contra el directorio de Vicentín se concreta luego de que la empresa batallara sin éxito llevarse la causa de la investigación penal al fuero de Reconquista.

ACA y Molinos juegan sus fichas

En tanto, hay novedades en las conversaciones concursales entre Vicentín y sus acreedores. Y la noticia es que ACA jugó una ficha muy fuerte a favor de la compañía.

Ocurre que, a pedido de los interventores, la agroexportadora puso en conocimiento del Tribunal que “Molinos Agro SA (MOA) y Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) realizaron una propuesta por la cual, cada una de dichas empresas, realizaría fazones desde el mes de marzo al mes de diciembre del año 2022, con un volumen minino de trescientas mil toneladas mensuales y un máximo de cuatrocientas mil toneladas mensuales, cada una de ellas, en la planta industrial, espacios de almacenaje y terminal de embarque de Vicentín SAIC, en la localidad de San Lorenzo”. Así consta en el escrito que el abogado de la firma Guido Javier Ferullo presentó en el juzgado de la convocatoria.

La importancia de estos “alquileres” de las plantas es mucha ya que permite no sólo que la firma siga teniendo giro comercial para cubrir costos y hasta empezar a pagar en el futuro sus compromisos con los acreedores logrando así también vital oxígeno para negociar sin conflicto con sus empleados.

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En efecto, los “fazones” también permiten a la compañía operar normalmente evitando así que el derrumbe de la firma haya generado el cierre de plantas y el despido de trabajadores. En otras palabras, mantienen la paz social. Y precisamente, los interventores pedían a Vicentín que apure los acuerdos para llevar tranquilidad a los empleados de que la empresa seguirá funcionando normalmente en marzo próximo.

ACA y Molinos son dos de los tres integrantes (el otro es Viterra, de Glencore) del pool empresario que presentó una propuesta para administrar (no comprar) las instalaciones de Vicentín vía un convenio de fazón de largo plazo permitiendo así que la empresa (sin vender acciones) pueda fondearse para pagar a 15 años el 30% de su deuda, como propuso recientemente a los acreedores.

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Según el documento presentado por el abogado de Vicentín, hay “una cláusula de rescisión recíproca, sin pago de penalidad, en el caso de que en el proceso concursal devenga en el procedimiento previsto en el art. 48 de LCQ (salvataje y/o cramdown) y/o en caso de que estas empresas decidan no acordar una propuesta vinculante con los accionistas de Vicentín”.

Lo importante de ese punto es que ACA y Molinos juegan unas fichas a favor de la propuesta de pago de Vicentín porque avisan que si no prospera la oferta de quita (y arranca el proceso de rescate de los acreedores o la quiebra) pueden dejar de operar las plantas. También, vale aclarar, abre la puerta a que en el caso de que fracase la estrategia actual, los acreedores que se hagan cargo pueden encontrar la planta para operarla sin compromisos tomados.

Semejante aviso de las dos empresas no puede pasar desapercibido para el juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, ya que el proceso cambiaría mucho si las fábricas estarían paradas y con la gente en la calle. Jugada que no cayó del todo bien entre los acreedores comerciales que ya tienen a ACA bajo ceño fruncido por aparecer avalando una quita del 70% al campo argentino.

Finalmente, la tarifa a pactar por el fazón sería de U$S 16 por tonelada, con un rinde de aceite del 19,80%, harina 70,50% base 46% de proteína (de 46 a 45,5 se bonificaría 2X1) y cáscara 6%; que se trata de un costo inmejorable para ACA y Molca.

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