En plena segunda ola por contagios de coronavirus, las clases presenciales se volvieron una disputa de poder entre el gobierno nacional y la oposición encabezada por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larrera.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió presentar un amparo para evitar que las escuelas se cierren y la causa cayó en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli. Esta última hermana de un funcionario del PRO por lo que se presentó un pedido de recusación.
Los jueces ordenaron habilitar las clases presenciales este lunes y no cerrar las escuelas hasta que haya una definición de fondo.
La decisión de Alberto Fernández de cerrar las escuelas fue fundamentada con la cantidad de contagios de covid y generó una inmediata reacción adversa de grupos de padres y militantes y dirigentes opositores que se pusieron el tema al hombro y salieron a las calles a respaldar los cacerolazos.
Con esta decisión judicial en manos, el gobierno porteño convocó a su gabinete de urgencia para reorganizar la vuelta a clases este lunes.