“No se descarta una suba de las retenciones”, disparó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien además ratifico que la meta de inflación de este año será de 29%. La funcionaria también dijo que “tenemos que usar todas las herramientas” para desacoplar los precios internacionales de los internos y preservar los precios domésticos. La suba en los productos básicos de la mesa argentina preocupa al Gobierno desde hace tiempo y, lamentablemente, no es un dolor de cabeza únicamente para esta gestión ya que hace muchos años que el país no logra contener la inflación. La Argentina está en el podio de los pocos 5 países del mundo que tienen inflación de dos dígitos.
De hecho, el jueves próximo el INDEC difundirá el Índice de Precios de enero. Para el Gobierno estará en los niveles de diciembre pasado, así enfatizó el ministro de Producción, Matías Kulfas, es decir en torno al 3% o 3,5%. Sin embargo, las consultoras privadas en los últimos días comenzaron a corregir en alza sus proyecciones preliminares y ya se habla de un indicador mensual que sería de 4% o más alto. En esas oficinas técnicas coinciden en afirmar que no hay una sola cosa que muestre que la inflación está bajando.
Para el campo, una modificación en los derechos de exportación sería un grito de guerra. Los productores y parte del Gobierno tienen una diferencia que parece irreconciliable respecto del rol del campo en la economía. Para los productores, el Gobierno los mira con un objetivo únicamente recaudatorio. Para un sector del Gobierno, el campo se mira el ombligo y no tiene conciencia del impacto global que tiene la pandemia en el país. Hay un antecedente cercano que puede mostrar una punta de este iceberg. Cuando el Gobierno cerró las exportaciones de maíz para preservar el abastecimiento interno y los precios, toda la cadena agroindustrial criticó la decisión. Pero únicamente tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace realizaron un paro de comercialización por tres días. Finalmente, el Gobierno abrió las ventas al exterior con cupos, con lo que en esa dirección podrían funcionar tal vez las futuras medidas exportadoras. Acordar con los exportadores pero no con los productores que, en ese caso, seguirían juntando presión.
La posibilidad de implementar retenciones a las exportaciones del campo también tiene que ver con la necesidad de mejorar los ingresos, ya que este año el nivel de actividad sería mejor que el del 2020 (un año de infierno para la economía con una caída del PBI del 12%) pero no alcanzaría para engordar los ingresos públicos ni generar el empleo que se perdió el año pasado. Por ejemplo, un reciente informe de la consultora Abeceb reveló que se necesitarán 5 años con crecimiento económico por encima del 3% para recuperar todo el empleo que se perdió en el 2020. El mismo informe advirtió que “el principal riesgo es que el 2021 se convierta en un año con rebote pero sin crecimiento de empleo”. De algún modo, este documento coincide con el Gobierno en que la construcción podría explicar la mitad de la generación de empleo este año. Aun así, mirando en detalle el Boletín Oficial donde se publican las licitaciones, luce esquelética la convocatoria con lo que la obra pública también podría sufrir demoras. Para la industria textil y de confecciones, los productos de metal y aparatos eléctricos aparecen en alerta en este aspecto según Abeceb.