Fue áspera la reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con la mesa chica de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que preside Jaime Campos, y que lo visitó esta semana. “Los empresarios piden menos impuestos y también que se achique el déficit”, disparó varios días después el titular del Palacio de Hacienda. “Tienen que entender que somos nosotros los que gobernamos”, también señalo. Fueron de esos encuentros en los que se va dando información con cuentagotas y en los que, a medida, que pasan los días las partes siguen mascando bronca en lugar de distender.
Tan duro fue todo que a pesar de que se dio la reunión con el fantasma del default ya despejado por el acuerdo con los bonistas y a días de un nuevo encuentro del equipo económico con una misión del Fondo Monetario, que llegará en poco más de una semana, para avanzar en un acuerdo con el Gobierno, no hubo foto. Ni siquiera eso. No dio ni para tomar una instantánea formal en un inicio de la reunión aunque el fotógrafo oficial fue convocado y debió retirarse a pocos minutos de transitar la reunión tras una seña sutil, casi imperceptible, de un asesor de suma confianza del ministro.
Estuvieron Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Federico Braun (La Anónima), Enrique Cristofani (Grupo Santander), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Alberto Grimoldi (Grupo Grimoldi). Los dos primeros tuvieron los tramos más duros debido a los reclamos de las compañías de tener que saldar sus deudas en dólares sin la cotización oficial cuando para exportar sí deben anclarse en ese tipo de cambio que lleva una brecha de hasta el 80% con las demás. Por otro lado, el DNU que declara servicio público a la televisión por cable, la verdadera razón para ese decreto, más que la telefonía celular, porque el propio Presidente considera que hay operadores que tuvieron beneficios especiales frente a otros operadores más chicos de las provincias .
Entre los ejecutivos y dueños de compañías subyace la percepción de que un sector cada vez más grande de la coalición de Gobierno tiene una concepción anti empresaria o anti sector privado. Y en las empresas consideran que el empleo genuino se genera en el sector privado y con inversión privada, que justamente este año tendrá un desempeño brutalmente malo de la mano de la recesión y del impacto de la pandemia. Lo peor es que, en materia de desempleo, no parece haberse visto lo peor hasta ahora porque, entre otras cuestiones, muchos sectores aún no arrancaron en una economía jaqueada por el Covid-19 y porque hay decretos que prohíben los despidos y suspensiones pero eso no podrá ser eterno. En el Gobierno saben que por delante tiene nubarrones laborales y turbulencias que afrontar en un 2021 que estará más afectado por la pandemia de lo que se estimaba originalmente. Por eso, entre otras cuestiones, la Casa Rosada juega fuerte con los 25 millones de dosis de la vacuna rusa para diciembre. Con todo, los funcionarios tienen matices respecto de la concepción privada del empleo y creen que desde el Estado hay mucho por hacer. El problema en este caso no es únicamente un debate de ideas, ni siquiera ideológico, sino que la frazada 2020 y también la del 2021 será muy corta en materia de nivel de actividad y de generación de recursos.