El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó hoy un contraataque en la crisis institucional que vive el país, al amenazar con “poner las cosas en su debido lugar” y acusar a la Corte Suprema de haber “abusado” con la investigación por una supuesta red criminal golpista contra empresarios, parlamentarios y blogueros de ultraderecha.
“Yo no seré el primero en patear el tablero. Ellos (el Supremo Tribunal Federal, STF) están abusando, a la vista de todos. Han quebrado el sigilo fiscal y bancario de diputados y senadores, algo nunca visto en una democracia por más frágil que esta sea. Está llegando la hora de poner las cosas en su debido lugar”, advirtió.
Lo hizo en respuesta a la investigación abierta por la fiscalía de Brasilia que lleva adelante el juez Alexandre de Moraes, del STF, sobre articulaciones en redes sociales que forman parte de organizaciones de manifestaciones que piden un golpe militar.
Diez diputados y un senador del bolsonarismo fueron incluidos en la investigación por la cual fueron detenidos seis activistas del neofascismo brasileño, entre ellas la líder del grupo, Sara Giromini, alias Sara Winter, quienes pugnan por el cierre del Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Durante la pandemia y sin barbijo, Bolsonaro participó de esos actos en Brasilia, aunque dice que no los organiza, que son impulsados por sus seguidores.
El presidente enfrenta también un escenario lleno de interrogantes con las Fuerzas Armadas: según algunos interlocutores, los jefes militares no están de acuerdo en que el presidente use a las fuerzas como forma de ahuyentar a los otros poderes, como si fuera una amenaza de autogolpe.
Es por eso que el general Edson Pujol, jefe del Ejército, se reunió el fin de semana con el juez de la Corte Gilmar Mendes en una visita oficial de “cortesía”, en la cual el magistrado afirmó que no hay intenciones de obstruir el gobierno de Bolsonaro, principal argumento del oficialismo para invocar el fantasma militar.
En el Palacio de la Alvorada ante seguidores, Bolsonaro contó que después de haber vivido en la década del 70 (durante la dictadura militar) sabe “lo que debe ser hecho para gobernar Brasil”.
Cerca de la medianoche, en las redes sociales Bolsonaro había prometido “acciones legales para proteger la libertad e los brasileños” contra el Supremo Tribunal Federal y que no se quedará “callado mirando mientras derechos son violados e ideas son perseguidas”.
La investigación golpea al círculo cercano a Bolsonaro, porque se busca determinar desde 2018 la financiación de los grupos de la extrema derecha que organizan actos en todos el país y es por eso que se levantó el secreto bancario y fiscal de legisladores, para saber si hay desvío de dinero público para estas organizaciones golpistas.