El presidente de la comisión del Senado brasileño que investiga al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia, el senador Omar Aziz, ordenó hoy la prisión de un exmiembro del Ministerio de Salud por mentir durante su declaración por un caso de corrupción, con lo que se convirtió en el primer exfuncionario de esta administración en ser detenido por este tipo de delito.
Roberto Ferreira Dias, el exdirector de Logística del Ministerio de Salud de Brasil que fue detenido en vivo durante la transmisión de la sesión de la comisión investigadora, fue acusado de mentir cuando negó reuniones y vínculos con intermediarios que lo denunciaron por pedir un dólar de coima por cada vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus adquirida por la cartera sanitaria, un negocio que nunca se concretó.
Dias fue echado el mes pasado del Ministerio de Salud y es el primer bolsonarista preso por corrupción por cometer perjurio en la comisión investigadora del Senado, ante la cual declaraba como testigo y bajo juramento.
El exfuncionario había sido acusado por un policía del estado de Minas Gerais y representante de una empresa estadounidense de insumos médicos, Davati, de pedirle un dólar de coima por vacunas AstraZeneca, en un episodio que aún no fue aclarado totalmente.
“El testigo está detenido por mentir, por perjurio.Todo testigo que mienta tendrá el mismo destino que él. Esta comisión no es un juego”, advirtió Aziz tras ordenar la detención en vivo frente a las cámaras de televisión que transmitían la sesión.
La reacción del oficialismo no se hizo esperar.
Los senadores bolsonaristas calificaron de “ilegal” la detención del exfuncionario, que llegó al cargo en 2019 de la mano de políticos vinculados a la base parlamentaria del Gobierno.
Aunque este caso provocó la primera detención no es ni es ni el único ni el más importante que investiga la comisión legislativa.
El viernes pasado, el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación contra el propio Bolsonaro por el delito de prevaricación por no haber hecho la denuncia policial cuando un diputado le informó, en una reunión en su despacho presidencial, que había sobrefacturación en un contrato de compra de vacunas Covaxin de la India. //Télam.