Los asistentes a un juicio por narcotráfico que se realizó ayer en Rosario fueron testigos de un hecho inusual. Luego de que se pidieron las condenas, el fiscal que acusaba solicitó que investigaran como implicados a los abogados que defendían allí mismo al jefe de la organización. Sostuvo que tenía indicios que los confundían con el papel de cómplices del líder narco transformándolos en “narcoabogados”. Para ello se basó en escuchas telefónicas que difundió en la audiencia. Y explicó por qué esos diálogos no están bajo el amparo del secreto profesional.
El planteo lo formuló el fiscal federal Federico Reynares Solari ante el Tribunal Federal Oral 3 en el juicio contra Ramón Javier “Rengo” Insaurralde, un hombre al que atraparon por comandar una banda a la que le secuestraron 100 kilos de droga en febrero de 2017, y a quien poco después lo captaron organizando el mismo negocio desde la cárcel porteña de Villa Devoto. El juicio abarca los dos hechos.
Hacia mitad de 2016 se descubrió a una banda que vendía drogas al menudeo con métodos violentos en la zona de Vía Honda, Avellaneda al 4400. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) avanzó hacia los eslabones superiores del grupo y detectó que había un organizador que compraba cocaína en Lomas de Zamora para vender en Rosario. El “importador” era el “Rengo” Insaurralde quien fue detectado liderando a sus vendedores desde su celda en Devoto. En el juicio esta tarde le solicitaron una pena muy alta por la combinación de este método de venta de drogas con violencia: 22 años de prisión.
Pero el detalle más llamativo se dio cuando el fiscal federal Reynares pidió que la causa volviera a instrucción para investigar a los penalistas rosarinos que asistían vía zoom a Insaurralde, cuyos nombres son preservados dado que un fiscal instrucción debe evaluar si hay mérito para llevarlos a pesquisa. El argumento del Reynares es que ambos tuvieron comportamientos que, a su entender, parecen más de miembros de la banda que de asesores profesionales: ofrecer coimas a un comisario, asociarse con el propio Rengo en emprendimientos comerciales y recomendarle en el momento de ser detenido que se deshaga de droga. “Una probabilidad muy fuerte de que esto se aparta del ejercicio de defensa”, sostuvo Reynares.
Destacado como un hombre de gran inteligencia comercial, el Rengo Insaurralde, uno de los pioneros en montar cocinas de cocaína en la ciudad santafesina, fue detenido en 2009 por comercio de drogas al frente de su complejo de cabañas en Monje. En febrero de 2017 lo apresaron de nuevo, en una secuencia de operativos en los que se secuestró cien kilos de droga. Pero un mes después en la Fiscalía Federal 3 de Rosario recibieron un mensaje que indicaba que Brian Insaurralde, sobrino del “Rengo”, había recuperado su libertad tras ser detenido y continuaba vendiendo.
Eso originó escuchas telefónicas, seguimientos a personas y pesquisas en la cárcel de Devoto. Así se detectó que los regentes del negocio en Rosario eran Fernando y Brian Insaurralde, respectivamente hijo y sobrino del “Rengo”. Estos viajaban a Buenos Aires y se abastecían con proveedores bolivianos. Uno de ellos se llama Guido Blanco Jaldín y está prófugo. Según el fiscal Reynares es el proveedor boliviano que visitaba al “Rengo” en la cárcel de Devoto, para que éste mandara la droga a Rosario.
La investigación del ex fiscal Mario Gambacorta llevó al banquillo a 24 personas. Pero ahora, en el juicio oral, el fiscal Reynares señaló que los dos abogados están bajo sospecha de ser parte de la organización. El fiscal alegó que hay captadas conversaciones de cuando detienen al Rengo en Mendoza y Dorrego, el 1º de febrero de 2017. En esa circunstancia, uno de los abogados le dice a Insaurralde durante los allanamientos en su contra: “Descartá todo”, algo que no es, para el fiscal, distintivo de una actuación profesional.
En otra ocasión Insaurralde manda a los dos abogados a defender a una persona, Angel Pinto, detenido más tarde como miembro de la banda, en la segunda causa contra el Rengo. En otro diálogo captado los profesionales, según el fiscal, hablan de asociarse con Insaurralde en una cantina y en una fiesta electrónica. Y por último, dijo el fiscal, existen menciones de los abogados para arreglar con 30 mil pesos con un comisario. Por lo que a su criterio se debe establecer si los defensores fueron cómplices.
En el alegato que se extendió cuatro horas, Reynares planteó dos puntos. “Primero, que las conversaciones no están protegidas por el secreto profesional porque no hablan de asuntos estratégicos de la defensa y no son asesoramientos con posterioridad al hecho acusado. Y segundo que eso mismo instala una fuerte probabilidad de que estén asociados con Ramón Javier Insaurralde”, argumentó.
Fuente: Diario La Capital