Caso Katherine Moscoso: denuncian un encubrimiento policial y judicial del caso

A siete años del crimen de Katherine Moscoso, cuyo cuerpo apareció enterrado en un médano del balneario bonaerense de Monte Hermoso y generó una pueblada en la cual un grupo de vecinos mató a un hombre al que suponían sospechoso, la familia reiteró “el pedido de justicia” y reclamó que se investigue por el crimen a “personas vinculadas con el poder”.

“Son siete años de padecimiento, de impunidad. Vivimos sin justicia”. La frase, con dolor, fue pronunciada en una entrevista con Télam por Ezequiel Moscoso, tío de la víctima, quien cuestionó a la justicia de Bahía Blanca por la lentitud en la investigación del caso y, con la mira en la Policía bonaerense y el poder político, reafirmó su reclamo para que se esclarezca el crimen.

Por eso, familiares y amigos se reunieron esta tarde en la plaza del barrio Fonavi de dicha localidad, ubicada a 120 kilómetros al noreste de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, para recordar a la víctima de 19 años.

En el acto, del que participaron más de cien personas, cantaron distintos artistas de la zona y luego tomó la palabra el abogado de la familia de Katherine, Leandro Aparicio.

Aparicio es el mismo letrado que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció apenas comenzó la pandemia por el coronavirus, en abril del 2020 y su cadáver fue hallado en agosto de ese año en un cangrejal de General Cerri.

“Hay pruebas ineludibles que apuntan contra funcionarios por encubrimiento”, dijo el abogado, quien agregó que, a partir de distintas declaraciones que se incorporaron a fines del año pasado, “la hipótesis de la familia es que Katherine fue asesinada por personas vinculadas al poder”.

“Esto fue hecho por personas que consiguieron impunidad”, aseguró Aparicio, para quien el crimen Moscoso “es una muestra de cómo se maneja la ciudad narco que es Monte Hermoso y qué pasa cuando tienen conexiones con el poder provincial“.

Cristina Castro, la madre de Astudillo, hizo llegar a los familiares de Katherine un video de apoyo y solidaridad en el que aseguró que quiere “elevar el grito de justicia por Kathy”.

“Lo de Kathy no fue un simple homicidio, fue un femicidio, un ataque feroz sobre una persona inocente, cálida y dulce. Que la lucha de Kathy y su luz no se apaguen nunca, Justicia por Kathy y todos los pibes”, finalizó.

La causa

Está actualmente a cargo del fiscal Luis Humberto Piotti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Tandil, del Departamento Judicial de Azul, luego de un pedido de la querella para que sea apartada la fiscalía de Bahía Blanca que instruyó el caso desde el inicio.

Es que para el abogado Aparicio, existió un fuerte encubrimiento judicial y policial en el asesinato de la joven, especialmente durante la pueblada originada tras el hallazgo del cadáver.

De acuerdo a lo que consta en el expediente, Katherine desapareció el 16 de mayo de 2015 y siete días después su cuerpo fue hallado enterrado en un médano.

La autopsia determinó que la joven murió por asfixia por sepultamiento, es decir, que estaba con vida al momento en que la enterraron.

Por el homicidio, la policía detuvo a una amiga de la víctima, llamada Daiana Sánchez, ante la sospecha de que la había atacado a golpes por celos, aunque luego fue beneficiada con una excarcelación extraordinaria por un magistrado bahiense, debido a que presenta “una discapacidad intelectual de grado leve/moderado“.

Los investigadores determinaron que Katherine y Daiana eran amigas, ambas tenían un retraso madurativo y se habían conocido en la Escuela Especial 501, donde realizaron distintos talleres.

A raíz del crimen hubo una pueblada en Monte Hermoso durante la cual fue asesinado a golpes Juan Carlos “Canini” González (70), un vecino al que se creyó sospechoso porque en su casa vivía Daiana y suponían que había ayudado a la chica a concretar el crimen.

Durante la protesta los vecinos atacaron a pedradas y prendieron fuego distintos edificios, entre ellos la comisaría local, la casa del secretario de Seguridad local y la sede municipal.

Para Aparicio, esos incendios están vinculados al entramado de encubrimiento: “Por un lado, el incendio de la comisaría donde se quemó una camioneta en la cual se había encontrado ADN de Katherine y, por otro, el incendio de la casa del secretario de Seguridad local donde se encontraba el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad de la zona”, dijo.

Mientras tanto, por el crimen ocurrido durante la pueblada, un Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca condenó a ocho vecinos del balneario a la pena de cinco años de prisión por el delito de “homicidio en agresión” durante un juicio oral y público llevado a cabo el 29 de mayo del 2017.

Aparicio explicó a Télam que en el expediente hay constancias de que al menos 18 testigos fueron amenazados, entre ellos agentes del centro de monitoreo.

“Existen testigos que vieron a la víctima momentos antes de su desaparición junto a las personas sindicadas como las principales sospechosas. Algunos dieron los nombres, pero la realidad es que tienen mucho temor”, concluyó.