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lunes, febrero 15, 2021
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El ingeniero Santos, a 30 años del primer “justiciero” argentino

Ocurrió el 16 de junio de 1990. Fue uno de los grandes debates mediáticos de entonces. Cómo terminó la causa

Osvaldo Aguirre tenía las orejas abiertas y 29 años. Le decían El Topo. Había estado preso por robos, hasta que consiguió trabajo como chofer de reparto de una carnicería. Allí conoció a Carlos González, El Pollo, de 31 años, quien se encargaba de cargar y descargar la carne. El Topo vivía con su mujer y dos hijos en un conventillo de La Boca, mientras que El Pollo llevaba algunos años en una pensión de Avellaneda con su esposa y sus dos nenas.

Cuando se quedaron sin trabajo, Aguirre y González no se quedaron quietos, necesitaban plata. Sus familiares contaron que el 16 de junio de 1990 iban a comprar un taxi. Lo dijeron, pero no era cierto. Habían salido a robar.

Aguirre, que había sido despedido cuando chocó el camión de la carnicería, manejaba una vieja cupé Chevy color mostaza. Fueron a Villa Devoto, donde se detuvieron en Pedro Morán al 2.800. Eran casi las 11,30 de la mañana cuando el ingeniero Horacio Aníbal Santos, por entonces de 42 años y con hijos adolescentes, había estacionado poco antes en ese lugar. Había acompañado a su mujer Norma López, a comprar unos zapatos en una galería comercial que había en esa cuadra.

El ingeniero Santos escuchó que se activó la alarma de su Renault Fuego y corrió. Después declararía que estaba harto de los robos, debido a que le habían sustraído una docena de estéreos en los últimos años. Es más, había aprendido a usar su revólver calibre 32 en el Tiro Federal. Era preciso con el arma, tal como lo era en su profesión.

Santos, que hizo subir a su mujer al Renault Fuego, arrancó a toda velocidad porque vio a los hombres que escapaban en la Chevy. Hubo una persecución que se extendió por varias cuadras. Fueron casi dos kilómetros hasta llegar a la calle Campana, donde el ingeniero le cruzó el auto y encerró al vehículo de los ladrones.

Según declararía después, Santos pidió a los gritos que le devolvieran el estéreo. Su esposa, en tanto, se asustó y alcanzó a gritar: “¡Nos van a matar!”. Lo dijo, según declaró, porque vio que uno de los ladrones sacaba algo que llevaba entre sus ropas. El ingeniero, con una precisión asombrosa, disparó dos veces. Un balazo en la cabeza de cada uno, quedando los dos muertos prácticamente en el acto. Los delincuentes estaban desarmados.

Hace exactamente 30 años se iniciaba uno de los casos más polémicos de la historia penal argentina. Un expediente judicial que, literalmente, dividió a la opinión pública. Santos, un profesional que jamás había tenido el más mínimo problema con la justicia, había perseguido y matado a dos ladrones. ¿Una víctima extrema de la inseguridad o un asesino? Por entonces, se acuñó en los titulares de los diarios, por primera vez, el adjetivo “justiciero” que hasta el día de hoy perduraría como sinónimo del resultante más brutal de la impunidad: hacer justicia por mano propia.

Santos siempre mantuvo el más bajo perfil. Nunca hizo declaraciones, jamás tuvo la tentación de hablar para contar su experiencia. Y con eso, quizás, alimentó aún más la polémica que se tejió en torno a su nombre: un hombre que hizo justicia por mano propia (lo que lo convertiría lisa y llanamente en un asesino sin ley) o una víctima de la inseguridad que se defendió legítimamente.

En el primer fallo, en 1994, Santos fue condenado a doce años de cárcel por homicidio simple y tenía que ir a la cárcel, no habría beneficios para él. Pero un año después, la Cámara Penal cambió el fallo y entendió que lo del ingeniero fue un caso de “exceso en la legítima defensa”, por lo que lo condenaron a tres años de cárcel, en suspenso. No iría preso.

Además del juicio penal, hubo una causa civil que duró más tiempo. Con la familia González llegó a un acuerdo, entregándole un departamento cerca del hospital Garrahan, porque una de las hijas del fallecido necesitaba tratamiento médico. Algunos testigos de las audiencias señalaron, tal como se difundió periodísticamente, que Santos le pidió perdón a la viuda.

Con los Aguirre la batalla civil llevó más tiempo. En 2001, Santos fue condenado a pagar 101.415 pesos como resarcimiento. Hubo una apelación y una sentencia superior le quitó el 80 por ciento de la condena. O sea, Santos sólo debía pagar poco más de 20.000 pesos. La última apelación estaba en la Corte cuando, finalmente, las partes llegaron a un acuerdo privado y se cerró la causa.

Santos se mudó de barrio, aunque siguió trabajando con su familia. Y, de acuerdo a los testimonios de allegados, siempre le disgustó que lo llamaran “justiciero”.

El ingeniero Horacio Santos sólo volvió a ser noticia, aunque fugazmente, en el año 2008, en el mes de enero, cuando se produjo un asalto en su casa. El profesional se despertó con un policía en su dormitorio, que había ingresado para tratar de sorprender a los ladrones.

Si un ejemplo quedó del caso del ingeniero Santos, más allá de la interminable polémica, es sin dudas que las armas no sirven para que un ciudadano común las utilice para enfrentar a la delincuencia. De una forma u otra, jalar el gatillo los puede zambullir en una interminable pesadilla.

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