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lunes, julio 4, 2022
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Diputados de JxC denunciaron por “sedición” al juez que apoya marchas contra la Corte

"Su accionar implica un alzamiento público para impedir la ejecución de una resolución dictada por funcionarios públicos nacionales", aseguraron los parlamentarios opositores

Tres diputados de Juntos por el Cambio denunciaron por el presunto delito de “sedición” al juez del Tribunal Oral número 29 Juan María Ramos Padilla, uno de los impulsores de las marchas que reclaman la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema.

Los legisladores Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, radicaron la denuncia que recayó en el Juzgado Federal número 11, hoy subrogado por Julián Ercolini, y quedó registrada con el número 1588/2022.

Consideramos que los hechos llevados a cabo por el juez Juan María Ramos Padilla se subsumen en la conducta típica descripta en el Código Penal como sedición“, señalaron los dirigentes opositores.

Esa figura establece que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado“.

Tras una larga enumeración de las críticas de Ramos Padilla al Poder Judicial en general y a la Corte en particular, los denunciantes enfatizaron que esas expresiones surgieron en su calidad de presidente de un Tribunal Oral.

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“Acusó de mafia, delincuentes, corruptos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se alzó contra sus fallos describiendo el fallo referido al Consejo de la Magistratura como un golpe de Estado. Ya había manifestado algo similar en diciembre del año 2021 en relación al fallo de la Corte relativo al Consejo de la Magistratura: ´no sólo es delirante y golpista o con plazos de imposible cumplimiento, sino prevaricante´”, recordaron.

Para los diputados de Juntos por el Cambio, “su accionar implica un alzamiento público para impedir la ejecución de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)“.

“Para configurarse este delito, el alzamiento puede ser colectivo o por medios que puedan extenderse y ser conocidos por un número indeterminado de personas, situación que, sin lugar a dudas, se verifica no sólo al hacer públicas sus declaraciones sino también al convocar y organizar una marcha solicitando la renuncia de los jueces de la Corte Suprema impidiendo la ejecución de leyes y alzándose contra un fallo de la Corte”, resume la denuncia. //TelefeNoticias.

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