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sábado, enero 28, 2023
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El “lilito” Berra también hizo espionaje a Scioli y a un camarista

Sospechan que esa información ilegal y delictiva terminaba en programas de tv y en expedientes judiciales

La causa que investiga la fiscal Cecilia Corfield de La Plata, que tiene procesado al ex jefe de Asuntos Internos, el “lilito” Guillermo Berra, y la virtual número dos del organismo, sigue creciendo y amenaza con convertirse en un escándalo de proporciones con impacto en otros expedientes. Ahora, además de los seguimientos ilegales a policías, intendentes y funcionarios, también encontraron información económica, también ilegal, del ex gobernador Daniel Scioli y todo su entorno de amigos, entre ellos el ex camarista federal Jorge Luis Ballestero.

Berra, que será indagado la semana próxima, al igual que su pareja, María Rosa Sardiña -que durante ese tiempo fue la responsable la división Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales-, están acusados de “abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí y peculado”. A ambos, el juez Federico Guillermo Atencio les rechazó los pedidos de eximición de prisión, lo que podría llevar a que sean detenidos.

En medio de la investigación, la fiscal Corfield encontró información económica e informes de la empresa Nosis, donde hicieron 59.000 consultas de personas. Cabe aclarar que Asuntos Internos sólo investiga comportamientos de policías, con conocimiento de la justicia. Pero estos informes, que habían sido contratados desde un área de la Policía Bonaerense y de Asuntos Internos se pedían indiscriminadamente sobre ex funcionarios, intendentes, familiares e, incluso, jueces. Quien contrataba estos servicios, cuya información después terminaba en algunos programas de televisión y en causas penales por presunta corrupción, era un amigo personal de Berra, pero lo hacía con dinero del Estado provincial. Esto ocurrió durante los cuatro años de la gobernación de María Eugenia Vidal.

En el último capítulo del escándalo, que seguirá creciendo, se conoció de informes ilegales sobre empresas, propiedades y el entorno de amigos de Daniel Scioli. Entre ellos Gustavo Carmona (piloto del avión); Fideicomiso La Ñata, del propio Scioli; Capanone SA (sociedad propietaria de un inmueble de Scioli); Pablo Elias (amigo de Scioli y proveedor de ABSA); Guillermo Scarcella (presidente ABSA); Boldt SA (juego en BA); Villa La Ñata Sporting Club, el equipo de fútbol de salón en el que juega el ex gobernador; Diego Mazer (amigo personal de Scioli); Matias García (amigo personal de Scioli); Alberto Pérez (jefe gabinete Scioli) y Jorge Luis “Pati” Ballestero, en éste último caso además de ser amigo de ex candidato presidencial era por entonces camarista federal.

Ex camarista federal Jorge Luis Ballestero.

Pero hay más. Según se supo, esa información ilegal, vía informes de prensa y posterior presentaciones espontáneas de allegados a la diputada Elisa Carrió (madrina política de Berra) terminaba, al menos en parte, en otros expedientes, tales como el que instruyó el fiscal platense Alvaro Garganta, quien llevó adelante una investigación por supuestos hechos de corrupción durante la administración Scioli. De ser corroborado, dicho expediente terminaría en nulidad, por la utilización de información ilegal, y además falsa.

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Tal como se ha informado, la fiscal Corfield, en el procesamiento al que tuvo acceso OpiniónFrontal.com, consideró que Berra y Sardiña obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”. Y agregó: “para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados“.

La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense. Martín acusó a los entonces funcionarios de abuso de autoridad, ya que merced a su cargo obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.

Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por presuntas irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos. Incluso fue señalado por la diputada Carrió, y sus medios afines, como el “comisario millonario de la Bonaerense”. Berra decía que era incompatible con los ingresos, pero el comisario general contestó que tenía otras actividades que le permitieron hacer ese dinero. Finalmente no le pudieron probar delito alguno y la auditoría contable oficial que se hizo determinó que todo lo que tenía el oficial era legal y bien habido.

Esto generó una causa y un allanamiento en Asuntos Internos, donde encontraron documentación ilegal. Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas realizadas por los imputados se llevaron a cabo “entre 2016 y 2019″. En el escrito, consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.

En cuanto a las personas físicas detalló que figuraban Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, y que terminó siendo un querellante en este expediente, debido al daño que le causó la maniobra ilegal; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi; y el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.

La fiscal consideró además que para llevar adelante las tares de investigación, recopilación y almacenamiento de información pública como privada “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”.

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