La diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, ha generado una fuerte controversia al filtrar una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial en los que trabajaban legisladores libertarios para obtener la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad.
Tras la publicación de chats que exponen a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados en el Penal de Ezeiza, Arrieta detalló el pasado domingo: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.
El proyecto “Plazo Razonable”
A través de su cuenta de X, la legisladora publicó el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable”. Este busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito.
El borrador del documento establece: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
Según argumentan los promotores del proyecto, los 20 años como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional“, además de sobrepasar los ciclos de vida y el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del Código Penal para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua.
El decreto presidencial
Por otro lado, la diputada también publicó un decreto que buscaba la aprobación del presidente Javier Milei. Este decreto fue propuesto por los diputados libertarios tras reuniones con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia.
El documento establece la intención de garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito. El primer artículo argumenta: “Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable… se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”.
Además, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”, y señalan que este término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuese menor.
Reacciones y aclaraciones
Tras la difusión de estos documentos, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. Concluyó tajantemente: “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.