El Poder Judicial lleva celebradas más de 500 audiencias virtuales desde que se decretó la feria extraordinaria por el coronavirus, a través de distintas plataformas e intentando superar escollos procesales y de recursos tecnológicos para adaptarse a los límites que impone la pandemia.
Desde fines de marzo la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura recibió unos 700 pedidos de juzgados y tribunales para celebrar audiencias, juicios y otros trámites, bajo los estándares de seguridad requeridos para un acto jurídico válido.
Hasta ahora lograron canalizar 560 pedidos, y si bien se suman nuevos requerimientos todos los días con la extensión del aislamiento, los profesionales técnicos e informáticos del Consejo evalúan que a fin de mes podrían lograr satisfacer todas las demandas.
Las audiencias plantean distintos grados de complejidad técnica: no es lo mismo una simple audiencia entre un juez, un imputado, su defensor y el fiscal que una con veinte acusados distribuidos en distintas cárceles del país, como suelen ser los casos de juicios por narcotráfico o por delitos de lesa humanidad.
Las transmisiones deben ser seguras y al respecto se están evaluando las plataformas “Jitsi”, “Zoom” y “Policom”, y en algunos juzgados están probando con “Skype” e incluso con las videollamadas de “Whatsapp”.
“El juicio oral está integrado por distintos momentos pero las personas interactuan y todos participan y por eso tenemos necesidad de una conectividad bien fluida y sin interrupciones”, señaló a la agencia de noticias Télam el presidente del Tribunal Oral Criminal 1, Adrián Pérez Lance. Y agregó: “Sin embargo ese no es el principal problema porque se podría hacer el proceso más lento: las principales objeciones son de orden jurídico”.
Una de estas objeciones tiene que ver con la comunicación estrecha y privada que en un juicio tiene que mantener el abogado defensor con su defendido, un derecho que sostener en un debate virtual implica un desafío técnico.
Otro de los cuestionamientos es sobre los testigos y cómo certificar que quien aparece en pantalla es la persona que dice ser y declara en un contexto de libertad sobre el episodio que se investiga.
Para el juez Pérez Lance, todos estos obstáculos se pueden salvar con recursos tecnológicos como salas privadas virtuales para que interactúen los abogados con los imputados, y en el caso de los testigos haciendo que exhiban el documento a la cámara.
El defensor penal Lisandro Teszkiewicz, en cambio, sostuvo que “formalmente se estaría cumpliendo todo pero el problema de la inmediación en las audiencias penales es importante, el tema de poder ver a los testigos cuando hablan, el tema de las pruebas que se muestran cómo se las ve y demás”.
“Hay algunos problemas en una audiencia penal que no sé cómo se resolverían y no hay que olvidarse que está en juego la libertad de una persona, entonces me parece que hay que extremar los cuidados”, apuntó Teszkiewicz.
En el caso de los juicios de lesa humanidad por delitos perpetrados desde el Estado, también la distancia afecta el sentido reparador que para las víctimas tienen estos procesos y aunque el componente simbólico no desaparece por la ausencia en los actos procesales, se diluye significativamente.
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Sol Hourcade, señaló en este sentido que “todos y todas podemos acordar claramente que no es lo mismo la situación de testimonio en la casa que en una sala de audiencia, con público, con gente que va a acompañar a la persona que declara”.
Hourcade, dentro del CELS y junto a otros organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, planteó la necesidad de reactivar los juicios de lesa humanidad y de reforzar el acompañamiento a las víctimas en esta coyuntura particular.
Pese a los límites y las dificultades, la justicia avanzó en estos meses en la incorporación de esta ‘nueva normalidad’: “La justicia es burocrática, los cambios cuestan y son lentos, pero hay empleados que trabajan desde sus casas con un celular y a toda hora, con una inmensa entrega, con mucha garra”, señaló un magistrado con oficina en el Palacio de Tribunales de Talcahuano 550 y una veintena de colaboradores.
Otra característica de la “nueva normalidad” judicial es que el horario de actividad tradicional, de 7.30 a 13.30, ya no corre y es habitual que tarde a la noche o incluso de madrugada se siguen gestionando expedientes de forma remota.
Pero si ya todos tienen en claro en el Poder Judicial que los cambios son inexorables y que esta circunstancia puede ser una oportunidad para avanzar en la digitalización definitiva de la justicia, que sigue siendo mayormente presencial en en soporte físico, un reclamo unánime entre todos los actores del sistema.