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martes, julio 16, 2024
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Polémico desalojo de aborígenes en Jujuy: tenían una pequeña huerta comunitaria

Cuatro personas fueron detenidas hoy durante un desalojo ordenado por la justicia de Jujuy, que involucra a tres familias integrantes de la comunidad aborigen Tusca Pacha de Los Alisos, en localidad de Palpalá, asentada hace varias décadas en el lugar, dijeron hoy fuentes de la secretaría de Agricultura Familiar.

La medida se cumplió por una orden del juez de Control Jorge Zurueta, a partir del reclamo de una empresa inmobiliaria que asegura que le pertenecen esas tierras, compuestas por dos hectáreas, en las que las familias mantenían una huerta comunitaria y un maizal.

Las cuatro personas detenidas fueron identificadas por la propia comunidad damnificada como: Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes, Andrés Deymonaz y Anastasia García, coordinadora provincial de la secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

“La medida se llevó a cabo esta mañana con más de 50 efectivos policiales con armas de fuego e hicieron correr a niños, ancianos y a mujeres embarazadas en medio de una situación muy violenta”, dijo a la agencia Télam García, poco antes de ser detenida y trasladada a una comisaría.

“Los que se benefician con este procedimiento es la empresa inmobiliaria Sucre, cuyos propietarios vinculados al gobierno de Gerardo Morales tienen sus influencias en la justicia”, afirmó García, para quien “al parecer se quedaron sin más lotes que vender y por eso avanzan con tierras de la comunidad”.

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Los referentes de la comunidad aborigen denunciaron que la Justicia provincial atiende el reclamo del emprendimiento inmobiliario y “viola la Ley 26.160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas que se encuentren en conflictos con terceros”.

Dijeron que poseen documentación que da cuenta que “están los procesos hechos” para acceder a la personería jurídica, pero que “el Estado no quiere reconocer a la comunidad como preexistente como pueblo originario o como una organización de carácter comunitario”.

“Son aproximadamente dos hectáreas en donde el juez Zurueta haciendo oídos sordos a los derechos de la comunidad ordenó el desalojo”, explicó García, además militante activa del Movimiento Nacional Indígena Campesino.

En el lugar la policía desarmó algunas casillas y por el momento no avanzaron sobre las otras casas donde viven unas cien familias miembros de la comunidad .

“Donde están desalojando había una huerta comunitaria y un maizal en los que venía trabajando la comunidad”, indicó por su parte Juana Mamaní, presidenta de la comunidad Tusca Pacha.

“Antes del desalojo irrumpieron a las tres de la mañana y nos sacaron los carteles y la bandera wiphala”, contó y agregó que la policía “está custodiando el lugar por lo que no se puede ingresar”.

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