Veintiocho hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar ingresaron a trabajar en las dependencias del Estado en las que se desempeñaban sus progenitores al momento de ser secuestrados, gracias a la reparación de sus legajos donde nunca había constado que la desvinculación laboral obedeció al plan sistemático de exterminio desatado en aquellos años.
El dato fue analizado para Télam por Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad; Fernando Peralta, hijo uno de los trabajadores cuyos legajo fue reparado; y Charly Pisoni, referente de la agrupación HIJOS.
El último ingreso, anunciado esta semana, fue el de Fernando Peralta, hijo de Eustaquio Peralta, quien se desempeñaba en la Empresa Líneas Marítimas Argentinas y fue detenido desparecido el 28 de diciembre de 1977.
Su hijo Fernando, quien ingresó a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina mercante, contó a Télam que “mi papá era dirigente sindical en la época de la dictadura y cuando intervinieron los sindicatos fue detenido”.
“La comisión me contactó y conociendo mi historia, y que yo no tenía trabajo estable, me ofreció la posibilidad de ingresar a trabajar en el Estado. Yo me siento muy feliz, no sabía que esto podía corresponderme, y me siento muy acompañado por la reparación histórica que hicieron en las actas oficiales”, añadió.
Así se refirió a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad que se encarga de la reparación de los legajos de los trabajadores y trabajadoras secuestradas durante la dictadura donde no constaba el verdadero motivo de la desvinculación laboral.
“Estar en el área en la que se desempeñaba mi papá, también me lo devuelve un poco”, confió Peralta.
Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión -que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos-, contó a Télam que hasta el momento, situaciones similares de ingresos laborales, se produjeron en áreas como “Ferrocarriles, AFIP, Aduana , Enohsa, Aysa, Administración General de Puertos, Ministerio de Trabajo, PAMI y Anses”.
El organismo se dedica a “recuperar la identidad de los trabajadores del Estado detenidos desaparecidos, reparar sus legajos y entregarlo a sus familias”, añadió.
En este sentido, explicó que “la reparación y la memoria son un impulso que reconstruye los lazos sociales y culturales que trató de destruir el terrorismo de Estado”.
“Mediante la detención y desaparición también se alejaba a las familias de los trabajadores del ámbito laboral, es por esto que la Comisión desde sus inicios tomó el camino de recuperar un valor cultural del movimiento obrero que es que les hijes de les trabajadores puedan ingresar al lugar de trabajo de sus padres”, agregó.
Las incorporaciones se formalizan tras la presentación de un pedido a la Comisión quien se encarga de tomar contacto con cada jurisdicción, organismo y empresa pública a fin de comenzar una investigación.
Y si bien, no constituye una obligación especificada por ley el ingreso de familiares al Estado, “se trata de una obligación moral y ética”, evaluó Scabbiolo.
En este sentido, el referente de HIJOS, Charly Pisoni, analizó con Télam que “el trabajo de la comisión es fundamental en la función que tiene el Estado de reparar” y recordó que el organismo se creó “durante el gobierno de Néstor Kirchner, continuó con Cristina y hoy sigue con Alberto”.
“El trabajo que hacen en la reparación de los legajos muestra cómo las personas habían interrumpido la relación laboral porque habían desaparecido, incluso muchos, en sus lugares de trabajo. Por otro lado, apoyan a encontrar una salida laboral que por ahí hubieran tenido los descendientes, si sus padres hubieran seguido con vida”.
“Es un aporte muy valioso para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y para construir una sociedad más justa”, completó.
En tanto, Scabbiolo añadió que los últimos legajos reparados, se oficializaron el 25 y 30 de marzo pasado. El primero, correspondió a Edmundo Maisonnave, quien se desempeñaba en Aerolíneas Argentinas al momento de su desaparición.
El segundo, a Adriana Claudia Spaccavento, quien revistaba como agente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
De esta forma, las Resoluciones Conjuntas firmadas por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, establecieron que en ambos legajos debe constar que “la verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.//Télam.