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martes, junio 18, 2024
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La dictadura y el tiempo histórico en la Argentina

Compartimos una publicación de Adrián Gorelik sobre la última dictadura militar a 47 años del brutal golpe cívico-militar

Hace ya muchos años, viajando en tren por Italia, recibí mi primer shock de historicidad, una suerte de iluminación sobre las diversas consistencias del tiempo histórico que iba a comenzar a procesar mucho después como historiador. En uno de esos vagones encantadores con camarotes para ocho pasajeros que eran habituales en los trenes europeos anteriores a la alta velocidad, quedé integrado a un grupo que discutía con ardor sobre la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Ellos decían simplemente “la guerra”, y a mí me costó entender al comienzo de qué hablaban: habían pasado más de cuarenta años del final de la guerra y me resultaba incongruente que se refirieran a ella como si hubiera ocurrido ayer o como si todavía estuviese ocurriendo. Para mí era un hecho histórico, tanto en sentido de trascendente como de clausurado: era un hecho pasado. Para ellos, en cambio, todas personas de mediana edad (como era muy joven entonces no los veía así, pero debían tener la edad que yo tengo ahora), era evidente por el modo en que discutían que se trataba de un hecho abierto, presente: sus marcas estaban vivas en cada aspecto político y cultural del mundo en que vivían. Fue, como dije, un verdadero shock: por primera vez entreví lo diferente que podía ser la percepción del tiempo histórico y, especialmente, que había acontecimientos especiales, en los que el tiempo se densificaba, se coagulaba y extendía proyectándose como una sombra hacia adelante, en una suerte de presente continuo que cubría no sólo a quienes lo habían experimentado de forma directa, sino a una entera sociedad.

Acontecimientos primordiales, podríamos decir, en tanto hacen nacer un nuevo sentido de la historia, de una duración independiente del tiempo real en que transcurrieron, otorgando inteligibilidad prospectiva a larguísimos períodos.

La dictadura argentina (hubo muchos golpes y gobiernos militares, pero cuando entre nosotros decimos “dictadura” a secas sabemos de qué estamos hablando) duró siete años y medio. A cuarenta y siete años de su inicio, uno se ve tentado de decir: “apenas” siete años y medio. Y sin embargo, aquello que ocurrió parece de una duración inconmensurable, al punto de que seguimos hablando de ella en tiempo presente como aquellos italianos hacían con la guerra porque, como para ellos, esos siete años y medio ocupan en nuestras vidas y en la vida de nuestra sociedad un espacio diferente, un tiempo más espeso y compacto que el que vino después.

Se sabe que el tiempo tiene diferentes capas, de muy difícil aprehensión: “hay un presente del futuro, un presente del presente, un presente del pasado, todos ellos implicados en el acontecimiento, enrollados en el acontecimiento y por tanto simultáneos, inexplicables”, decía sugerentemente San Agustín, como nos recordó Deleuze explicando la temporalidad del cine moderno. Para mostrar cómo funciona ese enrollamiento en la psique humana y, especialmente, para afirmar que en ella siempre existe la posibilidad de rescatar del olvido algo que parecía muerto o perdido, Freud apeló por contraste al ejemplo de la ciudad –y no de cualquier ciudad, sino de Roma, la ciudad histórica por excelencia–, donde ese rescate es imposible: la crasa materialidad de las calles y las construcciones impiden la superposición intacta de tiempos históricos; a diferencia de la mente humana, en la ciudad la historia avanza por demoliciones y nuevas construcciones, de modo que aquello que se conserva presente del pasado, en monumentos escogidos para cumplir ese papel, no puede sino ser un fragmento pequeño de los múltiples pasados-pasados para siempre. Como también se sabe, Braudel y con él la escuela de los Annales convirtieron las diferentes duraciones del tiempo en herramienta historiográfica, y los historiadores no han cesado de reflexionar sobre ello.

Pero aquí intento hablar de algo más, de la percepción social de coyunturas extraordinarias, que se expanden en la conciencia pública produciendo una experiencia diferente del tiempo histórico. Y en este caso tiendo a pensar que el pasado funciona más como en la ciudad que como en la psique humana de acuerdo a lo que decía Freud: no todo ayer sobrevive a la espera de la reactivación, la sociedad de algún modo elige con qué fragmentos se queda, a cuáles les asigna una duración excepcional, con cuáles decide seguir coexistiendo en tiempo presente. Como ocurre con los monumentos en la ciudad, en esos fragmentos el tiempo se dilata y la significación se multiplica; como ocurre también con los monumentos, por su valor singular y ejemplar, en tanto buscan encarnar y guardar la memoria colectiva de la que son apenas una fracción, la selección de esos momentos es una decisión activa –aunque eso no significa que sea siempre enteramente consciente– de la sociedad: una elección entre valores en pugna.

Y no es nada secundario añadir aquí que la asignación de ese valor de singularidad que convierte a un fragmento del tiempo histórico en monumento memorial de toda una sociedad no tiene necesariamente que ver con la dimensión objetiva de lo vivido entonces –si es que algo así como una “dimensión objetiva de lo vivido” pudiera ser alcanzable. La guerra de los italianos no fue más terrible que la de los austríacos, y sin embargo éstos últimos no decidieron convertirla en un punto de clivaje en su conciencia histórica. Por no hablar del lugar tan diferente que ocupó el holocausto en la memoria de las sociedades de un lado y otro de la Alemania dividida –y si bien la división política terminó hace rato, esas diferencias se perciben aún hoy en la sociedad alemana. Las dictaduras de los otros países sudamericanos, para volver a nuestro caso, no fueron menos abusivas y criminales que la que padecimos en la Argentina (y en este juicio la cuestión numérica es secundaria), y sin embargo es posible decir que sólo en la Argentina aquel tiempo dictatorial se ha expandido en la moral pública de un modo tan palpable en nuestro ya largo presente democrático.

Eso es bastante fácil de constatar, pero no es tan sencillo interpretar sus razones –y no querría alentar aquí cierta idea tan consustancial a nuestro sentido común autoindulgente sobre la “excepcionalidad argentina”. ¿Qué pasó entre nosotros con la memoria de la dictadura que logró permanecer como un tiempo-monumento, que produjo esta presencia continua de aquellos siete años y medio sobre los más de treinta que le siguieron como se extiende una sombra admonitoria que debe ser conjurada cada día? Sabemos que salvo notables excepciones, nada en la vida social de aquellos años, que se adaptó con bastante naturalidad a las condiciones impuestas por la dictadura, habría permitido anticiparlo. Una de esas excepciones, por supuesto, y decisiva en este tema, fue la actividad incesante de los organismos de derechos humanos, de las madres y abuelas y de todas las víctimas que produjeron con su movilización –tan solitaria en el comienzo, durante la misma dictadura– una suerte de horizonte ético hacia el que luego pudieron irse encaminando sectores más y más amplios de la sociedad. Pero, ¿cómo se produjo ese “luego”, sin el cual toda esa actividad habría permanecido en una suerte de encapsulamiento? Creo que si se quiere entender por qué ese momento de la historia fue convertido en monumento de valores universales, en lugar de memoria de la entera sociedad, las claves deben buscarse justamente en las acciones políticas que lograron esa conexión, que posibilitaron la irradiación desde los núcleos activistas hacia la vida pública toda. Y estoy convencido de que la acción fundamental, aquello que cambió de una vez para siempre lo que la sociedad pensaba de la barbarie dictatorial, que convirtió aquel lapso de siete años y medio en un espejo brutal en el que nadie puede dejar de mirarse cada vez, prolongando su duración presente y marcando la decisión colectiva de atribución de valor que edificó ese tiempo-monumento que estamos memorando aquí, esa acción política fue el Juicio a las Juntas. Con esto no creo estar diciendo nada original, por supuesto; pero después de una década de intenso reactivamiento del tema en que sin embargo la importancia del Juicio fue permanentemente escamoteada, me parece que este aniversario del golpe de estado es un buen momento para recordar el rol que ese Juicio ha tenido en nuestra propia posibilidad de recordar.

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Por una parte, y esto se ha dicho muchas veces, el Juicio fue la demostración ejemplar de que era posible, sin la intermediación de un ejército de ocupación, respetando todos los pasos institucionales y el funcionamiento mismo de la justicia de acuerdo a los normas internas del país, examinar un capítulo siniestro de la historia más reciente y condenar a los todopoderosos de ayer, en un contexto político en que, por añadidura, la institución militar seguía abroquelada de modo amenazante en su defensa. Desde el punto de vista que nos interesa aquí, el Juicio fue el signo inequívoco de que era posible reelaborar la historia, siempre que se aceptase enfrentarla: ante tantos otros casos, en que luego de una experiencia dictatorial se ha continuado como si aquella hubiese sido apenas un paréntesis, una aberración fuera del curso normal que debía retomarse sin mayores cuestionamientos sobre las razones y las consecuencias del desvío, el Juicio aquí vino a afirmar que sólo podía existir una oportunidad para la democracia si las principales cuentas con la dictadura quedaban saldadas, y eso significó la reinserción plena del capítulo dictatorial en la historia. Se trata de un resultado aparentemente paradójico: aquellos procesos que en otros países apostaron a la continuidad parecen en muchos casos haber creado un abismo insondable, una zona inaccesible de la historia a la compulsa racional de la sociedad; parándose frente a la dictadura con lucidez, tomando distancia de ella como quien traza una frontera insalvable ante el horror, el Juicio a las Juntas abrió la posibilidad de la sutura histórica.

Pero esto fue sólo un prerrequisito de la duración temporal: la señal, proveniente del estado, de que una depuración de las instituciones debía partir de la evaluación principista de sus responsabilidades en la caída del país en el terror dictatorial. Por supuesto que esas responsabilidades excedían a las instituciones, y en ese sentido el Juicio también alimentó un inocentamiento de la sociedad muy habitual en la Argentina, devolviéndole una mejor imagen de sí misma que la que ha venido emergiendo de las sucesivas indagaciones históricas. Sin embargo, eso es lo que el estado podía hacer, especialmente en ese momento liminar: juzgar el terrorismo estatal, es decir, juzgarse a sí mismo. Y haciéndolo produjo su efecto más persistente: estableció una verdad objetiva, de las mismas instituciones, sobre ese pasado, una verdad que sentó las bases para que el conjunto de la sociedad lo comenzara a procesar desde un acuerdo fundamental sobre su sentido. Allí descansa, a mi juicio, una explicación de cómo se le otorgó el valor que tiene ese período entre nosotros, cómo se lo convirtió en este tiempo-monumento tan especial.

Todo lo que vino después, a favor y en contra de la consecución de aquel mandato, sintetizado magistralmente en el Nunca Más, encontró en él un punto de resistencia que se ha demostrado hasta ahora inalterable, un punto de equilibrio al que la sociedad puede apelar una y otra vez para reencontrar el fiel de esa búsqueda de verdad y justicia que no ha cesado –y quizás la aparición sobriamente constante de nietos recuperados sea la marca especial de esta memoria postdictatorial, el signo más concreto de la pervivencia de ese tiempo atroz en un nuevo tiempo que trabaja por su superación. Incluso la reactivación compleja de la década kirchnerista, aunque intentó atenuar la importancia fundacional del Juicio, fue posible gracias al nuevo sentido histórico con que el mismo reinsertó la dictadura en la conciencia social. Y digo que esta reactivación reciente fue compleja porque si en muchos aspectos implicó una reposición de justicia, en tantos otros supuso un nuevo repliegue, hacia el activismo más convencido y militante, de esa dimensión de memoria que había sido ganada para el conjunto de la sociedad, una suerte de despojamiento del carácter colectivo que el Juicio había producido. Y quizás esta sea otra paradoja, más reciente: la agitación constante del tema en estos años, su conversión en bandera gubernamental y la indudable e inédita cooptación de algunos de los principales núcleos activistas para la política partidaria, parece haber debilitado su propagación social y, especialmente, haber contenido la necesaria expansión de la noción de derechos humanos, para la cual el monumento construido con aquel tiempo dictatorial debería funcionar como núcleo ético desde donde proyectarse hacia el presente, rebalsando las cuestiones del terrorismo estatal de entonces. Un recuerdo del golpe capaz de seguir vivo no puede desligarse del significado presente de los derechos humanos, cosa que el sector mayoritario del movimiento de derechos humanos en la Argentina parece tener dificultad en aceptar.

Por todo eso, pienso que el Juicio a las Juntas es el hecho crucial en la producción de los consensos sociales que han venido construyendo los mejores rasgos de la identidad cultural de la postdictadura, que han “decidido” los valores a preservar de esa época, que la han convertido en un legado tan particular con su tiempo prolongándose en el nuestro: un monumento vivo. Como en todo monumento, esos valores están sujetos a los propios cambios en el modo en que la sociedad examina su pasado; como en todo monumento, su vigencia depende de un trabajo constante de memoria activa y de ampliación de su sentido social.

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