El gobierno de la provincia de Salta comunicó para sorpresa del mundo la prohibición del consumo de agua o peces que provengan del Río Pilcomayo en las zonas del territorio indígena, más precisamente en el departamento de Santa Victoria, al extremo noroeste de la provincia.
No es la primera vez que se dan a conocer este tipo de noticias que van en contra de toda lógica y razonamientos, e inevitablemente afectan directamente a los pueblos indígenas. Los wichis que habitan el norte salteño son la excepción con las desesperantes situaciones que viven diariamente desde hace cientos de años.
Más 30 mil argentinos de descendencia wichí, únicos ciudadanos sobrevivientes en el país que conservan intacta su cultura y luchan por sus derechos como ejemplos vivos dignos de admirar, amanecieron con la novedad de que el gobierno salteño les prohibió utilizar el agua del Río Pilcomayo, único sustento de los originarios en el líquido elemento y el pescado de río que consumen con sus tradicionales modos de pesca ancestral.
Para vergüenza de buenos y ajenos, esta situación es desatada como resultado del irresponsable vertido de residuos tóxicos de megacorporaciones mineras de Bolivia en un afluente del Pilcomayo argentino.
Cómo si fuera poco, los wichis que lograron independizarse de la representación y manipulación de los criollos y blancos terratenientes del norte Salteño, que los tutelaron siempre, y los mantuvieron ocultos desterrándolos de un lugar a otro, hoy le prohíben usar sus costumbres y tradiciones.
Estos pueblos sobreviven al constante río contaminado desde hace 100 años, al abandono actual por la falta de agua potable, de obras sanitarias, de energía eléctrica y a las enfermedades, pandemia, tuberculosis, denunciadas los últimos años de modo incansable, y recibiendo ahora el cachetazo argentino de la prohibición de sus costumbres.
La mayor responsabilidad recae sobre una ministra de la UCR y una Secretaría creada por decreto provincial que se autoproclamó representante de los pueblos originarios en Salta. Así es como surge la Secretaría de Asuntos Indígenas, conducida por Silvina Vargas como ministra de Desarrollo Social y Luis Almaraz como secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, que conjuntamente con Marcelo Córdova, dirigen la situación indígena con un frío pensamiento occidental y como verdugos de esta realidad.
Si bien existe un Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), constituido por los propios indígenas con fuerza de Ley, el mismo fue reemplazado por un área ministerial utilizada para ejercer clientelismo y asistencialismo.
Fuera de cualquier interpretación de la desesperante situación de hermanos originarios que conservan nuestra identidad, al final del día sus reclamos son acallados con el reparto y distribución de alimentos por parte de movimientos sociales y organizaciones que no conocen el verdadero estado de pobreza y hambre que se padece a diario en el noroeste argentino.