El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, ha solicitado a las provincias y municipios que concluyan las obras públicas financiadas con fondos nacionales o que devuelvan el dinero recibido. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, se enfoca en garantizar la eficiencia en el uso de recursos públicos, considerando que ciertos programas no cumplen con los criterios de funcionamiento necesarios en el contexto actual.
Opciones para Provincias y Municipios
Las autoridades locales tienen tres opciones para cumplir con esta nueva directiva:
- Devolver el dinero recibido.
- Finalizar las obras en un plazo máximo de 120 días.
- Asumir la financiación de las obras con recursos propios.
Programa Afectado: Argentina Hace
El financiamiento en cuestión fue otorgado bajo el programa “Argentina Hace”, una iniciativa lanzada por la administración de Alberto Fernández en marzo de 2020. Este programa estaba diseñado para ejecutar trabajos de infraestructura en 2.300 municipios de todo el país.
Un relevamiento reciente realizado por la administración actual reveló que, al asumir el poder, había 951 obras pendientes bajo este programa. Los saldos adeudados a los municipios ascienden a $598.522 millones. Las obras pendientes incluyen una variedad de proyectos, como reparaciones de cunetas, mejoras en piletas municipales, vestuarios de clubes y arreglos de veredas.
Provincias Más Afectadas
Las provincias con mayor cantidad de obras pendientes son Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe. Estos territorios ahora enfrentan la responsabilidad de completar los proyectos o gestionar la devolución de los fondos, una decisión que podría impactar significativamente en las finanzas y la infraestructura local.
Impacto de la Medida
La decisión de dejar sin efecto determinados programas en la órbita del Ministerio de Economía refleja un esfuerzo por optimizar el uso de los recursos públicos en un contexto de restricciones presupuestarias. Las provincias y municipios deberán evaluar sus capacidades y prioridades para cumplir con los nuevos requerimientos del Gobierno.
Esta medida subraya la importancia de la transparencia y la eficiencia en la gestión de fondos públicos, especialmente en tiempos de desafíos económicos.