Después de meses de negociaciones intensas y un sinfín de idas y venidas, finalmente se vislumbra una luz al final del túnel en el Congreso argentino. El proyecto de Ley de Bases, presentado por el Gobierno con gran pompa y expectativas, ha sufrido una serie de modificaciones significativas que reflejan las complejidades y tensiones inherentes a la política legislativa.
El texto original, una ambiciosa propuesta de reforma estructural, fue objeto de una incisiva “motosierra” por parte de la oposición, dejando atrás la mayoría de sus disposiciones iniciales. De los 664 artículos y seis anexos que inicialmente componían el proyecto, tan solo 232 artículos y un anexo sobreviven tras el arduo proceso de negociación.
La fragmentación en los distintos sectores políticos, cada uno con sus propias demandas y agendas, ha complicado aún más las transacciones. Las negociaciones estuvieron marcadas por la tensión entre las urgencias del Ejecutivo y las necesidades de las provincias, así como por la diversidad de intereses representados en el Congreso.
Después de dos meses de arduas discusiones, finalmente se alcanzó un acuerdo preliminar. Sin embargo, el Gobierno no puede cantar victoria antes de tiempo, ya que los opositores planean llevar más reclamos al debate en el recinto durante una sesión que se espera maratónica y cargada de tensiones.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es su disposición para ordenar y, en algunos casos, suprimir una amplia gama de organismos públicos, así como para privatizar varias empresas estatales. Además, el proyecto busca asegurar el control de fondos fiduciarios millonarios y establecer un régimen especial para grandes inversiones, limitado solo a proyectos que superen los U$S 200 millones.
Además de estas disposiciones, el proyecto incluye una modesta reforma laboral que busca conciliar las demandas de diversos sectores. Esta reforma, aunque excluye aspectos sensibles para la Confederación General del Trabajo (CGT), incorpora demandas de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para una mayor flexibilidad en la contratación de empleados en blanco.
Sin embargo, la inclusión de esta reforma laboral podría generar fricciones en el recinto, especialmente con la Unión Cívica Radical (UCR), que buscará eliminar las “cuotas sindicales” que se descuentan de los salarios para financiar las cajas gremiales.
Otro punto de discordia es el alcance del proyecto en materia tributaria, especialmente en lo que respecta al impuesto a las Ganancias. Varios bloques propondrán cambios en la aplicación de este impuesto, buscando excluir las guardias médicas y las horas extras de las fuerzas de seguridad, así como introducir disposiciones especiales para trabajadores de regiones como la Patagonia.
En medio de este debate maratónico, el Gobierno y los sectores opositores dialoguistas han realizado concesiones significativas. Se han introducido cambios en la reforma laboral, se ha reducido drásticamente la lista de empresas a ser privatizadas y se han modificado disposiciones sobre fondos fiduciarios y organismos públicos a ser disueltos.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la incertidumbre persiste. En un contexto político volátil y polarizado, cualquier resultado es posible. Los próximos días serán cruciales para determinar el destino de esta ambiciosa propuesta legislativa y su impacto en la economía y la sociedad argentina.