En declaraciones a la prensa realizada anoche, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una drástica modificación en la política de movilidad jubilatoria del gobierno. La medida implica la eliminación de la fórmula que permite aumentos regulares a los jubilados, sustituyéndola por aumentos discrecionales dispuestos por decreto gubernamental.
Caputo justificó la decisión afirmando que el cambio tiene como objetivo proteger a los jubilados. Según sus declaraciones, la fórmula jubilatoria actual no está funcionando adecuadamente y los jubilados están percibiendo montos “realmente bajos”. El ministro argumentó que, de mantenerse la fórmula actual, en los próximos cuatro meses, los jubilados podrían llegar a cobrar entre un 25% y un 40% menos de lo que reciben en la actualidad.
“Lo que estamos haciendo en realidad es proteger al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona. Los jubilados cobran algo realmente bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses, cobrarían entre un 25% y un 40% de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula los estamos protegiendo. Cuando la inflación sube, los jubilados pierden; cuando bajan, no se puede reducir el déficit y pierde la gente”, expresó el ministro.
A partir de ahora, los aumentos a las jubilaciones serán determinados de manera discrecional por el gobierno, quienes podrán aplicar ajustes mediante decretos según consideren necesario. Esta medida otorga al ejecutivo la facultad de tomar decisiones sobre los incrementos en función de la coyuntura económica y fiscal del país.
La noticia ha generado diversas reacciones en la sociedad, con algunos expresando preocupación por la posibilidad de que los aumentos sean insuficientes o que la discrecionalidad pueda prestarse a interpretaciones políticas. En contraposición, otros respaldan la decisión del gobierno argumentando la necesidad de flexibilidad en el manejo de los recursos económicos.
La eliminación de la movilidad jubilatoria se suma a una serie de medidas económicas implementadas en los últimos meses, generando un intenso debate sobre el equilibrio entre la protección de los sectores vulnerables y la estabilidad fiscal del país.