El dato del INDEC sobre la inflación de febrero que se conoció esta semana fue demoledor para el equipo económico. Los precios subieron 3,6%, bastante menos que en enero pero no hubo respiro verdadero. Los alimentos y bebidas una vez más volvieron a estar por encima: 3,8%. Y, según todas las consultoras advierten podría repetirse la misma postal en marzo y los meses sucesivos, básicamente porque aumentarán nuevamente las naftas y eso impacta fuertemente en toda la cadena de precios.
Esto ocurre con el programa de Precios Cuidados en marcha que alcanza, casi al 80% de la oferta de alimentos en las góndolas y, al mismo tiempo, con alimenticias que muestran pérdida millonarias en sus balances por el impacto 2020, a pesar de que nunca dejaron de producir como sí ocurrió con otros sectores en los momentos más duros de la cuarentena. Entre las empresas nucleadas en Copal causó escozor las pérdidas millonarias de La Serenísima que llegaron a casi 2.300 millones de pesos con un 80% de sus productos contemplados en precios máximos o cuidados. También el hecho que debido justamente a los controles de precios, que sí admiten subas pero muy por encima del ritmo al que va la inflación general, Molinos Río de la Plata haya anunciado ganancias por cerca de 1800 millones pesos el año pasado pero debido a la venta de activos. Son espejos en los que se miran otras alimenticias que podrían seguir esos pasos en lo que va de este año.
Lo que parece estar pasando en el fondo es que la inflación no logra ser domada por ningún equipo económico en la Argentina; éste, tampoco al menos por ahora. Y, en el fondo, la receta para hacerlo que tiene el Palacio de Hacienda no parece ser la misma que los empresarios creen que debería aplicarse. Y, en este sentido vislumbran que a la hora de buscar culpables, les caerá a los empresarios una bolsa pesada sobre los hombros. En esta dirección van las multas que el Gobierno viene aplicando a empresas por incumplir y quienes avizoran un próximo escenario de mayor tensión encuentran en los cambios en el Ministerio de Justicia el andamiaje eventual para cambiar reglas de juego más profundas en el terreno económico.
Un reciente comunicado del Foro de Convergencia (FCE) no en vano señaló que para reducir la pobreza “la solución está en manos de los gobernantes”. Allí destacaron que faltan ajustes macroeconómicos. Por ejemplo, que la inflación en la Argentina es nueve veces más elevada que en el promedio de América Latina, que es del 3,7% anual. (En el país ese indicador a veces queda corto en la medición de cada mes). La presión tributaria y el costo del capital también son factores que pone en estado de alerta al empresariado y el FCE advirtió que en la Argentina son dos veces más elevadas que en otros países de la región y cuatro veces más cara que en América Latina, respectivamente. La presión de los impuestos sobre los precios finales de la producción y, en definitiva las dificultades que eso trae a la hora de exportar estuvo presentes en la reunión de la cúpula de la Unión Industrial, que preside Miguel Acevedo, con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se planteó la dificultad para el desarrollo regional y federal y la ausencia de incentivos a las inversiones privadas en ese encuentro. Para los industriales, la falta de incentivos a la inversión y la alta carga tributaria deja a los productos argentinos afuera de muchos mercados de la mano, por ejemplo, de sus competidores en Brasil.