Los primeros días del 2021 transitan un camino de tensiones económicas. Y esta vez no tienen que ver únicamente con las proyecciones de inflación o del dólar, que de por sí ya tienen bastante convulsión; sino con las nuevas medidas adoptadas en torno a la suba de contagios por el Covid y decisiones en torno a las exportaciones.
Los anuncios presidenciales generaron tensiones entre gobernadores e intendentes propios y ajenos que reciben mucha presión por parte de comerciantes, gastronómicos, operadores turísticos que no quieren volver a una fase anterior. También hubo fuertes críticas de la oposición que denuncia detrás de estas medidas un nuevo intento del oficialismo por coartar las libertades individuales y una muestra más, desde esta perspectiva, del fracaso de la política sanitara de contención de la pandemia en el país.
Además, el lunes comenzará un paro de comercialización por 72 horas al que adhieren tres de las cuatro entidades de la Comisión de Enlace y también auto convocados que ya sesionan en asambleas provinciales y que criticaron las más de 50 entidades que componen el Consejo Agroindustrial que hasta ahora venía apoyando fuertemente al Gobierno y que pretende incrementar las exportaciones de los actuales 65.000 millones de dólares a los 100.000 millones de dólares en 10 años y generar 700.000 puestos de trabajo adicionales. En un comunicado, este frente agroindustrial consideró que “la medida implementada no producirá efecto positivo” y remarcó “nuestra preocupación y sorpresa” por la medida. En paralelo, el Gobierno activó una baja de derechos de exportación para algunas economías regionales que, además le valió un comunicado de apoyo de 17 de las 24 provincias. Desde el Ministerio de Agricultura (al que los ruralistas que van al paro lo considerarían “demasiado” cercano a Coninagro, la entidad que no adhirió) sostienen que el DNU 1060/2020 “es estratégico y que beneficia a actividades que representan el 41% del empleo en las economías regionales y generan el 24% de las exportaciones de alimentos y bebidas”.
Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, “se perjudican obviamente los productores y también los consumidores porque el impacto del precio del maíz sobre el precio final de los alimentos que lo requieren como insumo es bajísimo. Es decir en la góndola no llega nada de este esfuerzo y la medida destruye por completo todas las expectativas económicas”. Hay una lectura desde este sector que mira el rumbo económico pero sobre todo el político detrás de esta medida que no es leída ni de manera puntual ni de forma aislada. El timonel de la SRA lo sintetizó así: “Nos preocupa la dirección del Gobierno, que creemos que no es la correcta, la reforma de la justicia, las otras medidas que se fueron tomando con el campo y que remiten a otros tiempos”.
El titular de esa entidad, Carlos Iannizzotto, lo explicó así: “No es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno”.
Si hubiera que ponerle una fecha de gestación al tema del maíz, debería ser un encuentro que coordinó la secretaria de Comercio, Paula Español, el 10 de diciembre con la cadena cárnica para hablar de precios. Algunos productores habrían advertido que podían mantener el abastecimiento pero no los precios por la falta de insumos, entre ellos el maíz. Español habría gatillado un alerta naranja al gabinete económico. La preocupación por la suba de la inflación es una constante en el Gobierno que prorrogará Precios Cuidados en un intento por encorsetar los desbocados precios de los alimentos básicos. Y ahí hay otra tensión con las alimenticias nucleadas en Copal, que en un comunicado propio esta semana denunciaron que no son las responsables de la suba de precios ya que la mayoría de sus productos justamente están regulados y subieron un 28%, con venia oficial, por debajo de la inflación n anual. En cambio, según esta entidad, los precios de los productos frescos se encarecieron muy por encima de la misma y contienen una suba latente superior al 50% para los meses que vendrán.