En el trimestre comprendido entre julio y septiembre, las cuotas de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal experimentarán un aumento significativo del 42,6%, lo que representa un duro golpe al bolsillo de la clase media. Estos incrementos se irán aplicando progresivamente, con un aumento del 15,6% en julio, un 18% adicional en agosto y un 9% más en septiembre.
La educación, siendo uno de los pilares que la clase media intenta preservar, ha mostrado un trasvase hacia la educación pública en este año, según lo han indicado expertos en el ámbito educativo.
Estas subidas en las cuotas han sido autorizadas por el gobierno de Axel Kicillof y abarcan todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el superior, incluyendo el primario, secundario, técnico y agrario.
Dichos incrementos surgen como respuesta a un reclamo realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que aglutina a 2.300 establecimientos educativos. La AIEPBA solicitaba una subida del 22% en los aranceles a partir de agosto, con efecto retroactivo a julio, y su cobro en cinco cuotas. No obstante, el sector considera que el aumento otorgado resulta “insuficiente”.
De acuerdo con la resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los establecimientos educativos podrán notificar a los padres sobre los nuevos valores y proceder a liquidar las cuotas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2023 antes del 18 de agosto.
Cabe destacar que en Argentina existen aproximadamente 17,000 instituciones educativas privadas, de las cuales cerca del 60% recibe algún tipo de subvención estatal, que varía desde el 20% hasta el 100%.
Los colegios privados bonaerenses han advertido que estas subidas en las cuotas no alcanzan a cubrir el aumento de los costos operativos. En lo que va del año, las cuotas ya han acumulado un incremento del 38,4%, después de que el gobernador Axel Kicillof autorizara un ajuste del 7,5% a partir de junio.
Según un comunicado emitido por la AIEPBA, ante el acuerdo paritario del 30% establecido para los docentes estatales y los índices inflacionarios actuales, resulta necesario aplicar una recomposición para evitar una mayor desestabilización económica en los colegios, que en muchos casos han tenido que asumir deudas desde 2022 para mantener los servicios educativos, poniendo en riesgo la continuidad de algunas instituciones.
Se advierte una posible desactualización en los aranceles, que, de no corregirse, podría perjudicar aún más a los colegios, dificultando el cumplimiento de las obligaciones laborales y el desarrollo de sus proyectos educativos.