En un proyecto que promete impactar significativamente en la economía Argentina, se plantea la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los salarios más altos. Este audaz plan busca restablecer un escenario similar al que existía en el año 2001, cuando solo alrededor del 10% de los trabajadores en relación de dependencia estaban sujetos a este tributo.
Cuando este impuesto se implementó durante el gobierno de Fernando De la Rua, bajo la dirección de José Luis Machinea como ministro de Economía, afectaba a personas con salarios equivalentes a más de US$8.300 mensuales, lo que representaba alrededor de US$100.000 anuales, considerando el tipo de cambio de 1 a 1 en ese momento.
Sin embargo, este ambicioso proyecto podría generar desafíos para el próximo gobierno, ya que implica la renuncia a aproximadamente el 30% de los ingresos recaudados por el impuesto, según estimaciones de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las que Noticias Argentinas ha tenido acceso.
Si se implementan estos cambios, que requieren la aprobación de una ley del Congreso debido a su naturaleza tributaria, solo alrededor de 600.000 a 700.000 trabajadores seguirán siendo afectados por el impuesto. Estos trabajadores han experimentado una pérdida de poder adquisitivo en los últimos 20 años.
Según los datos proporcionados por la AFIP, en los primeros 8 meses del año, el impuesto sobre los ingresos de la cuarta categoría habría aportado aproximadamente $1,6 billones de un total de $5 billones de ingresos fiscales.
Esta propuesta representa un desafío importante para la oposición política, que aspira a llegar a la Casa Rosada en 2024. La aprobación de la propuesta parece improbable, especialmente a menos de 90 días para el final del mandato actual.
El proyecto también contempla la inclusión de un mecanismo de ajuste automático de las categorías y del mínimo no imponible para compensar la inflación. Aunque el mínimo no imponible real para el Impuesto a las Ganancias se sitúa en salarios a partir de $171.000 pesos netos, la aplicación de deducciones adicionales establecidas por la AFIP eleva este umbral a $500.000 mensuales.
Esta discrepancia se debe a que la ley vincula el mínimo y las categorías al índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Registrados (RIPTE) de octubre del año anterior, lo que resulta en ajustes desfasados en contextos de alta inflación como el actual.
Cada año, más trabajadores ingresan al sistema y, a su vez, aquellos que ya están sujetos al impuesto avanzan rápidamente hacia las categorías de tasas más altas, que llegan al 35%.
El proyecto de Sergio Massa contempla un período de “transición” desde la situación actual hasta la nueva, dado que el impuesto se calcula anualmente. Se espera que los cambios entren en vigencia en enero de 2024, pero aún no se han proporcionado detalles sobre cómo se llevará a cabo esta transición.
En experiencias anteriores con reducciones de impuestos, el gobierno ha considerado dos alternativas: ajustar las deducciones especiales hasta alcanzar el efecto deseado en los salarios o posponer los plazos de los pagos adelantados mensuales hasta fin de año, generando una deuda de los trabajadores con la AFIP. Luego, se presionaría al Congreso para que apruebe la ley y condone la deuda.
Según las proyecciones del Ministerio de Economía, los sectores más beneficiados por esta medida serían la industria (19,13%), defensa, seguridad, enseñanza y administración pública (14,5%), e intermediación financiera y servicios de seguros (11,94%). Otros sectores también se beneficiarían, aunque en menor medida.
Con un mínimo no imponible fijado en $700.870, los empleados con salarios brutos de $800.000 estarían sujetos a un impuesto a las ganancias de $117.690, mientras que aquellos con salarios brutos de $1.000.000 tendrían que pagar $187.690 en concepto de este impuesto.