Se realizó una inspección en una galería de la calle Corrientes que terminó con diez locales clausurados y cuatro detenidos. Uno de ellos fue reconocido por su víctima cuando pasaba por el lugar. Otro tenía pedido de captura internacional por robo. También se secuestraron más de doscientos celulares y accesorios.
La investigación comenzó a partir de denuncias de robo de telefonía móvil. Los equipos de alta gama tienen un sistema de rastreo por GPS que permite ubicarlos luego de ser robados, y varios de estos rastreadores indicaban como paradero la misma galería del barrio de Once. Para evitar que los sospechosos escaparan, la policía entró de modo encubierto y en simultáneo a los 31 locales de la galería. En cada local revisaron toda la mercadería para saber cuáles de los celulares eran robados.
Durante la inspección, una víctima de arrebato que se encontraba en el lugar identificó al hombre que le había robado su teléfono unos días antes mientras estaba trabajando en una estación de servicio. Cuando pasó por la galería, reconoció al ladrón y advirtió a la policía para que lo detuviera.
El método para saber si un celular es robado es muy sencillo. Cada equipo posee un número de IMEI, distinto del número de línea, que lo identifica y singulariza más allá de los cambios de línea, empresa o propietario. IMEI es una sigla en inglés (International Mobile Equipment Identity), que se traduce como “Identidad Internacional de Equipo Móvil”. Se trata de un código pre-grabado por el fabricante que identifica al dispositivo a nivel mundial. Cuando un celular es denunciado, ese IMEI pasa a quedar inhabilitado. Existe una base de datos de público acceso perteneciente a ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) dónde, cargando ese número, se obtienen los resultados: habilitado o inhabilitado. Así pudo determinarse que varios de los equipos que se encontraban en supuesta reparación eran robados, y que estaban “enfriándose” para luego liberarse y volver a venderse.
El robo y reventa de celulares es un negocio que consta de varias etapas. El primer eslabón es el ladrón, que aprovecha una distracción y arrebata el teléfono. Cuando la víctima hace la denuncia, el celular se bloquea, pasando a lo que se conoce como “banda negativa”, para que no pueda volver a usarse. Allí interviene el segundo eslabón de la cadena que es la “cueva” dónde se compra el celular robado y se realiza un mecanismo ilegal de desbloqueo y cambio de IMEI para su reutilización. Estas “cuevas” compran directamente a los arrebatadores, quienes venden un celular de última generación, que cuesta como mínimo cincuenta mil pesos, a precios irrisorios.
En el operativo se secuestraron 225 celulares y una máquina que es utilizada para liberarlos. Se trata de una notebook que tiene instalado un software especial que borra el número de IMEI. Así, los equipos quedan liberados y pueden revenderse sin peligro. Un ladrón puede ir con un teléfono robado y pagando dos mil pesos se lo “liberan”.
Esta galería no sólo era una cueva para ladrones de celulares sino que funcionaba como escondite para delincuentes de todo tipo. Al chequear los documentos de todos los involucrados se averiguó que cuatro de ellos tenían pedido de captura por robos varios; entre ellos una mujer de nacionalidad peruana que tenía pedido de captura por Interpol Perú por robo agravado y una expulsión del país que data de 2019.
El operativo estuvo a cargo de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Policía de la Ciudad, y de la Agencia Gubernamental de Control.
Intervino: Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 1, Secretaría nro. 1; Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 15, Secretaría nro. 146; Tribunal Oral Federal de Zarate; Tribunal Oral Federal nro. 6.