En medio de un escenario político desafiante, el oficialismo argentino se encuentra ante la tarea de construir acuerdos en el Congreso de la Nación para respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica propuesto por el Gobierno, el cual debe ser enviado al Parlamento en un plazo de diez días hábiles.
A pesar de que algunos bloques opositores, como la Unión Cívica Radical, el PRO y Cambio Federal, están dispuestos a respaldar ciertas medidas gubernamentales, surge la controversia en torno al instrumento utilizado para implementarlas. Temas como privatizaciones y reforma laboral son puntos de coincidencia, pero la forma en que se llevan adelante genera discrepancias.
Para analizar el DNU, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, deben designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Aunque la conformación se delineó en ambas Cámaras, la oficialización está pendiente de los Decretos Parlamentarios de Villarruel y Menem.
En el Senado, la vicepresidenta tiene la autorización para conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de diversas fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal y Unidad Federal. Aunque la lista no está oficializada, se espera la participación de figuras como Juan Carlos Pagotto, Víctor Zimmermann, Luis Juez, Juan Carlos Romero y Carlos Espínola.
En la Cámara baja, la controversia surge en la distribución de los ocho miembros de la Bicameral. El bloque de Unión por la Patria reclama la aplicación del sistema D’Hont para obtener cinco de los ocho lugares, mientras que Martín Menem argumenta que esta disposición no aplica a comisiones especiales como la Bicameral de Trámite Legislativo. El grupo “Acuerdo Parlamentario” ya aseguró un lugar con Nicolás Massot.
El Gobierno tiene diez días hábiles para enviar al Congreso el DNU 70/2023, y la Comisión Bicameral tiene el mismo plazo para emitir dictamen. Sin embargo, en los últimos años, este plazo no se ha respetado. Una vez emitido el dictamen, las cámaras deberán abocarse al tratamiento del decreto, debatiendo su validez.
Es relevante señalar que la Comisión Bicameral Permanente, que no funciona desde mediados de 2022, cumple funciones incluso durante el receso del Congreso y puede sesionar con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. El organismo debe emitir dictamen sobre la validez o invalidez del decreto, un proceso que involucra procedimientos y plazos legales establecidos por la ley 26122. En caso de rechazo por ambas Cámaras, el DNU quedará derogado, salvaguardando los derechos adquiridos durante su vigencia.