En una decisión que ha generado controversia y debate en la opinión pública, el Gobierno Nacional avanza con un significativo ajuste del gasto público mediante un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que afecta a los empleados públicos ingresados en el año 2023. El documento, firmado por Juan Manuel Gallo, secretario de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, detalla la eliminación de puestos de trabajo y la revisión de contrataciones vigentes.
El decreto, anticipado en exclusiva por Noticias Argentinas, da de baja una serie de decretos publicados desde el 2022 hasta la fecha actual. En sus considerandos, se explica que, como parte de una reestructuración orgánica, se busca racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas las contrataciones realizadas en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 y el Decreto Nº 1109/2017.
Según el texto del decreto, la Oficina Nacional de Empleo Público de la Subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros emitió la medida en el ámbito de su competencia, con la intervención de los servicios jurídicos competentes.
El presidente Javier Milei, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, llevando a cabo una reestructuración con el objetivo de racionalizar recursos, justificando así la necesidad de revisar las contrataciones en curso.
El artículo 1° del decreto establece que las contrataciones de personas que hayan comenzado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas. Sin embargo, se exceptúan ciertas contrataciones, como aquellas derivadas de cupos regulados por ley, personal que haya cambiado su modalidad de contratación y aquel que sea considerado indispensable por el titular de cada jurisdicción.
El artículo 3° establece que las contrataciones previas al 1 de enero de 2023 no podrán ser renovadas por más de noventa (90) días corridos. Asimismo, el artículo 4° instruye a las autoridades competentes a realizar un relevamiento exhaustivo del personal contratado previo al 1 de enero de 2023, con la obligación de fundamentar la decisión en caso de renovación.
El decreto concluye instando a las autoridades de las jurisdicciones mencionadas en el artículo 1° a informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre el cumplimiento de la medida. Además, otorga facultades a la Jefatura de Gabinete para dictar normas complementarias y aclaratorias, así como la posibilidad de delegar facultades asignadas por la medida.
El Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei y de Nicolás Posse, Jefe de Gabinete de Ministros. La medida busca impulsar un ajuste fiscal en el marco de la reestructuración gubernamental.