El Gobierno consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019 y amplió su denuncia ante la Justicia con la presentación de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.
“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvo el escrito firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia, Martín Soria, según el texto al que tuvo acceso Télam.
En su presentación, el Gobierno amplió la presunta responsabilidad a tres actores de la gestión macrista: el exjefe de Gabinete Marcos Peña; el exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Fulvio Pompeo (no estaban en la denuncia inicial) y el excanciller Jorge Faurie, por entender que la nueva información aportada “agrava” la situación de los tres.
El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.
Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero“, ya imputados en el expediente, al igual que Macri.
De esta forma, la denuncia sumó registros de ingresos a la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento de más de 600 granadas y 70.000 municiones a Bolivia.
“Ese fue un día fundamental para los que diseñaron la maniobra ilícita, objeto de esta investigación”, remarcaron los denunciantes.
Durante esa mañana, Gendarmería “hizo los trámites para ampliar las autorizaciones de salida del país otorgadas por la Anmac” un día antes, con el objetivo de proteger la Embajada argentina en Bolivia.
El nuevo material incorporado el día 12 consistía en 70.000 municiones 12/70 AT y en centenares de granadas de gas HC, 2CN y CS; es decir, el mismo material que luego fue entregado a la Policía y a la Fuerza Aérea Boliviana”, se detalló.
Reuniones “trascendentales”
Ese 12 de noviembre, Macri tuvo dos reuniones que los denunciantes consideraron “trascendentales” para la maniobra de contrabando agravado que se investiga.
Una de ellas fue con Peña, Bullrich, el entonces director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado y directores de todas las fuerzas de seguridad.
Poco antes, Macri se había reunido con el entonces canciller Faurie, quien luego solicitó por nota el envío de gendarmes a Bolivia con el supuesto fin de dar protección a la Embajada argentina.
“Faurie no solo se reunió en privado con Macri, sino que además firmó –de puño y letra– una sospechosa nota, hasta ahora desconocida. Omitiendo utilizar el sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales“, se puntualizó.
La causa es investigada en el fuero penal económico e interviene el fiscal Claudio Navas Rial, quien ante la ampliación de la denuncia deberá resolver si formula nuevas imputaciones.
La ampliación de la denuncia se presentó ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, quien por el momento está a cargo del caso, aunque debe resolverse un conflicto de competencia con su par Javier López Biscayart.