La fiscal platense Cecilia Corfield llamó a indagatoria a Guillermo Berra, ex titular de Asuntos Internos durante el gobierno de María Eugenia Vidal y hombre cercano a Elisa “Lilita” Carrió, en el marco de una causa en la que se investigan presuntos actos de espionaje y tareas de inteligencia contra intendentes, fiscales, policías e incluso altos funcionarios de Seguridad.
Berra y su pareja, María Rosario Sardiña, deberán presentarse en la UFI 15 de La Plata el próximo 29 de junio, para comparecer en el marco de una causa que se caratula “Abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí y peculado”. Si se comprueban los delitos imputados, pueden recibir condenas de hasta 10 años. Inverviene el juez de Garantías 1 de La Plata, Guillermo Federico Atencio.
En la resolución a la que tuvo acceso Opinionfrontal.com, la fiscal también procesó a Sardiña que, además de ser la pareja de Berra, en ese momento era la auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales.
La fiscal Corfield consideró que Berra y Sardiña obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”. Y agregó: “para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados“.
La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense. Martín acusó a los entonces funcionarios de abuso de autoridad, ya que -según su denuncia- merced a su cargo obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.
Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por presuntas irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos. Berra decía que era incompatible con los ingresos, pero el comisario general contestó que tenía otras actividades que le permitieron hacer ese dinero. De hecho no le pudieron probar delito alguno.
En su denuncia, Martín acusó a Berra de “poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”.
Según la fuente judicial consultada, el ex comisario sostuvo también que “esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó” como el “comisario más rico de la Bonaerense”.
A partir de esa denuncia, Corfield allanó el año pasado las oficinas de la Auditoría de Asuntos Internos en La Plata, donde secuestró documentación y archivos informáticos que, tras su análisis, determinaron el procesamiento de Berra y Sardina.
Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas realizadas por los imputados se llevaron a cabo “entre 2016 y 2019″. En el escrito, consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.
En cuanto a las personas físicas detalló que figuraban Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi; y el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.
La fiscal consideró además que para llevar adelante las tares de investigación, recopilación y almacenamiento de información pública como privada “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”.
Berra llegó a ese cargo de la mano de la diputada Elisa Carrió quien, en varias oportunidades, difundió las investigaciones del ahora procesado.