El Gobierno nacional informó que apelará la decisión judicial del juez Sebastián Casanello, luego de que le ordenara al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.
“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.
En la misma línea, explicó que no se trata de una cuestión judicial sino de “una definición de política pública”, por lo que subrayó que “la justicia no se puede entrometer en la política pública”.
Asimismo, prometió que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”, y diferenció los alimentos que se entregan a comedores de los que se destinan a reserva para catástrofes.
Por su parte, Adorni denunció que “a algunos les molesta” la quita de intermediarios en la distribución de los alimentos, e insistió en que el Gobierno informará en detalle el trabajo que realiza a través de la cartera de Capital Humano.
“Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y, por el otro lado, la política de mercadería para futuras catástrofes, que por supuesto esperamos que no ocurran jamás”, concluyó el funcionario nacional.
La resolución judicial
Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.
Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.
La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois.
El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
Casanello dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.
Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.
Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.
La orden tendrá efecto inmediato: “deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad”.
Casanello dispuso que “una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado”.
“Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo concerniente a “la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores”) elabore un plan de distribución de dichos alimentos”, subrayó el fallo.
Ello –aclaró- “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
“Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas, urgió el juez.