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La agrupación H.I.J.O.S., integrada por familiares de víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura en Argentina, ha expuesto un caso de abuso sexual y amenazas dirigidas a una de sus miembros. Según informa un comunicado oficial emitido el día de hoy, el incidente tuvo lugar el pasado 5 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, pero solo se hizo público recientemente.
La identidad de la víctima se ha mantenido en reserva por razones de seguridad. H.I.J.O.S. describió el ataque como un “atentado contra la vida” de naturaleza “política”, perpetrado por dos individuos que irrumpieron en la residencia de la mujer tras forzar la entrada. La denuncia correspondiente ha sido presentada ante las autoridades judiciales.
Aunque los detalles sobre la presentación de la denuncia no han sido revelados, fuentes cercanas a las organizaciones de derechos humanos informaron que se realizó el mismo día del suceso ante un juzgado del fuero de instrucción. La causa fue derivada posteriormente al fuero federal en Comodoro Py, donde se asignó al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Rívolo, aunque el expediente aún no ha sido recibido por ellos.
Lucila Puyol, abogada de H.I.J.O.S., al ser consultada sobre estos detalles, optó por no confirmar ni desmentir la información, enfatizando en el compromiso de preservar la seguridad y privacidad de la víctima y su familia.
La agrupación responsabilizó a seguidores del gobierno por el ataque, ya que los agresores dejaron pintada en una pared la sigla “VLLC” (Viva La Libertad Carajo), asociada al presidente Javier Milei y su partido político. El comunicado de H.I.J.O.S. relata que la víctima fue sometida a ataduras, golpes, abuso sexual y amenazas de muerte por parte de los agresores, quienes manifestaron: “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto”.
El hecho ha generado consternación en diversos sectores. La sociedad argentina, a través de figuras como el gobernador Axel Kicillof y la Unión Cívica Radical, ha exigido el esclarecimiento inmediato del caso y el castigo para los responsables. En tanto, desde el gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó la expectativa de que la Justicia avance y los responsables enfrenten la ley.