Romina Picolotti, la exsecretaria de Medio Ambiente entre 2006 y 2008 -durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner-, fue sentenciada por defraudación en perjuicio de la administración pública. El tribunal, la acusó de defraudar al Estado al haber pagado con fondos públicos sus gastos personales y de su familia.
La condena será por tres años de prisión en suspenso, deberá devolver unos 7 millones de pesos y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Está en Miami
Los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, decidieron por unanimidad la condena y la obligación hacia ella de presentarse en el consulado argentino en Miami una vez por mes entre los días 1 y 5.
El fiscal Guillermo Marijuan dijo estar “muy contento de la condena a Picolotti, por todo el trabajo que realizó mi equipo de la Fiscalía Federal N° 9”, tras conocerse la decisión de la Justicia.
Se declaró inocente
La ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti pidió al Tribunal Oral Federal Nº6 que dicte su absolución en el juicio oral en el que está acusada de “defraudación contra la Administración Pública” por gastos suntuarios durante el ejercicio de su gestión.
“Yo no cometí ningún delito”, proclamó Picolotti al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de conocer el veredicto, que será anunciado esta tarde.
“Hace 14 años que estamos con esta causa. Y la conclusión es evidente: yo no cometí ningún delito”, reiteró.
Fiscal
Mientras Picolotti pidió su absolución, el fiscal Diego Luciani había pedido que sea condenada a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo y al reintegro de unos siete millones de pesos a las cuentas públicas.
“Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, dijo Luciani.
Defensa
Picolotti basa su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyen no sólo no están probados sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella.
“No hubo pericia caligráfica ni contable. Se me acusa de un delito que no está probado”, insistió desde la plataforma Zoom, a través de la cual se realiza el juicio. “Pido a los jueces que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial”, subrayó.