El juez de Garantías platense Federico Guillermo Atencio acaba de rechazar la eximición de prisión del “Lilito” Guillermo Berra y de su esposa, María Rosa Sardiña, quienes hasta diciembre pasado eran los máximos directivos de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y están acusados de espionaje y tareas de inteligencia contra intendentes, fiscales, policías y funcionarios de Seguridad, además de quedarse con el dinero asignado para el funcionamiento de la mencionada dependencia.
Con este fallo del magistrado, que interviene en la causa que es investigada por la fiscal Cecilia Corfield, tanto Berra como Sardiña, procesados y citados a declaración indagatoria para el próximo 29 de junio, podrían ser detenidos en cualquier momento. Para el juez Atencio la “gravedad institucional no puede permanecer ajena al tiempo de mesurar la entidad de los hechos” y rechazó dicho beneficio a los imputados de “abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí y peculado”. Sin embargo, el defensor de los acusados, el penalista Marcelo Peña, consideró que todo lo que hizo el funcionario fue siguiendo las directivas de la entonces gobernadora Vidal.
Berra, que llegó al gobierno de María Eugenia Vidal de la mano de Elisa “Lilita” Carrió, era el director de Asuntos Internos, mientras que Sardiña, además de pareja de Berra, fue la auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales.
La fiscal Corfield, en el procesamiento al que tuvo acceso OpiniónFrontal.com, consideró que Berra y Sardiña obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”. Y agregó: “para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados“.
La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense. Martín acusó a los entonces funcionarios de abuso de autoridad, ya que merced a su cargo obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.
Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por presuntas irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos. Incluso fue señalado por la diputada Carrió, y sus medios afines, como el “comisario millonario de la Bonaerense”. Berra decía que era incompatible con los ingresos, pero el comisario general contestó que tenía otras actividades que le permitieron hacer ese dinero. Finalmente no le pudieron probar delito alguno y la auditoría contable oficial que se hizo determinó que todo lo que tenía el oficial era legal y bien habido.
Esto generó una causa y un allanamiento en Asuntos Internos, donde encontraron documentación ilegal. Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas realizadas por los imputados se llevaron a cabo “entre 2016 y 2019″. En el escrito, consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.
En cuanto a las personas físicas detalló que figuraban Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi; y el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.
La fiscal consideró además que para llevar adelante las tares de investigación, recopilación y almacenamiento de información pública como privada “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”.