La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunta participación en los secuestros de niños ucranianos.
La CPI ha acusado a Putin de “deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”, lo que constituye un crimen de guerra.
Además, también se ha emitido una orden de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
La CPI ha explicado que su sala de instrucción encontró “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”. El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
El tribunal, que fue creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.
Expertos han afirmado que es poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal, ya que Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.
La CPI también ha respaldado una investigación de la ONU que citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
En resumen, el tribunal internacional ha emitido órdenes de arresto contra el presidente de Rusia y la Comisionada para los Derechos del Niño por su presunta participación en el secuestro de niños ucranianos. Aunque es casi imposible que los sospechosos sean entregados al tribunal, la CPI ha dejado claro que considera estas acciones como un crimen de guerra.