El más reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA-UCA) revela un sombrío panorama económico en Argentina, con un incremento del 43,1% al 44,7% en el índice de pobreza en el transcurso del año 2022 al 2023. Esto significa que 17,5 millones de argentinos se encuentran ahora sumergidos en niveles críticos de ingresos, vivienda precaria, salud y educación insuficiente, o enfrentan inseguridad alimentaria.
Aumento de la indigencia y dependencia de planes sociales
El estudio destaca también un aumento preocupante del 9,6% en la tasa de indigencia durante el último trimestre de 2023. Sin la intervención de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros, la tasa de pobreza ascendería incluso al 49%.
El director del OSDA, Agustín Salvia, advierte sobre las repercusiones de la inflación, el estancamiento económico y la proliferación del empleo informal en el aumento de los niveles de pobreza. Salvia subraya que “todos los indicadores muestran que esa subida de cantidad de pobres o nuevos pobres seguirá en aumento el año entrante”.
Impacto desigual
El informe detalla que la tasa de pobreza afecta de manera desproporcionada a los sectores más bajos, alcanzando un alarmante 68%, mientras que en los sectores más altos apenas llega al 11%. La inseguridad alimentaria también está en aumento, afectando al 20,6% de los hogares en 2023, un aumento desde el 18,7% en 2022.
El índice de inseguridad alimentaria severa en niños de 0 a 17 años alcanzó su punto más alto en los últimos 18 años, con un 13,9%. Salvia destaca que “casi 7 de cada 10 personas presentaban en 2023 al menos una de las carencias consideradas en dimensiones de derechos”.
Raíces de la pobreza
Salvia argumenta que la falta de inversión y un crecimiento equilibrado entre sectores dinámicos y tradicionales son las causas fundamentales de la persistente pobreza en Argentina. La brecha de ingresos, que más que duplica entre los trabajadores de mayor y menor remuneración, es un indicador crucial de la desigualdad. Además, el informe destaca que el 35,7% de la población carece de acceso al empleo y a la seguridad social.
El informe concluye que, ante la falta de creación de empleo y salarios dignos, el gasto en transferencias sociales se ha convertido en un mecanismo esencial para mantener la estabilidad social. Sin embargo, Salvia subraya que “es necesario que persista una contención social a los sectores vulnerables para que no haya un desborde social”. La situación plantea desafíos considerables para las políticas públicas y la sociedad en su conjunto.