Pasaron 20 años del fallo histórico en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma a sanear el Riachuelo. Por estos días trascendió el rumor de que el máximo tribunal de Justicia cerraría esa causa lo que alertó a distintos organismos y a los propios Jueces que están monitoreando esa causa quienes juntos destacaron los peligros de cerrar ese proceso.
Según fuentes judiciales que intervienen en el proceso, el fallo de la corte se fue cumpliendo tal como estaba establecido y las demoras que se dieron tienen que ver con “problemas políticos” entre Nación, Provincia y Ciudad.
Las diferentes conducciones que a lo largo de estos años se fueron sucediendo, hicieron que los plazos se demoren, que los fondos destinados no fueran los suficientes y pese a todo ello el propio ACUMAR destacó en su informe que los cambios son apreciables a simple vista: “El espejo de agua ha dejado de presentar chatarra, residuos sobrenadantes y un olor nauseabundo, las márgenes se encuentran desmalezadas, limpias y mantenidas”.
El organismo no se detiene allí, sino que llega a afirmar que ese cambio impulsa “el desarrollo turístico, inmobiliario y económico del sector”, como en el “circuito turístico La Boca-Isla Maciel”.
Cuando se dictó el histórico fallo se estableció que ACUMAR sería el organismo responsable de llevar adelante las acciones de saneamiento, monitoreado por el juez de Morón Jorge Rodríguez y el titular del juzgado federal 12. El juez era Sergio Torres, pero como ese magistrado renunció para integrar la Suprema Corte de Justicia bonaerense, lo subroga el juez Ariel Lijo.
Desde esos organismos de control fueron informando debidamente y en tiempo y forma sobre los avances que se estaban dando para cumplir con el pedido de la Corte. Para los magistrados es más que evidente que ese control y la ejecución del fallo de la corte permitió llevar adelante un Plan de Saneamiento que puso a la cuenca dentro de las prioridades de las distintas administraciones a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades locales.
Esto fue determinante para que se pueda hacer visible cada uno de los problemas de la cuenca, algo que antes no ocurría, por lo que ellos destacan y aconsejan que el proceso siga abierto y vigente.
Si bien es cierto que los tiempos y los resultados no fueron los esperados, hay obras de infraestructura que están en proceso de finalización las cuales ayudarían a cumplir en gran parte con el fallo de la Corte. De cerrarse el proceso, esas obras quedarían a la deriva y sin control de las partes.
En definitiva y ante el posible cierre de la causa que en su momento se conoció públicamente como el “Fallo Mendoza”, las distintas partes que intervienen en el proceso aconsejan no tomar esa decisión.
Los Jueces encargados de controlar el cumplimiento de ese fallo elevaron un informe pormenorizado al organismo de Control Ambiental de la Corte donde dan cuenta de los avances y progresos que tuvo la cuenca. Si bien también destacan las demoras por parte del Estado, aconsejan continuar con la causa abierta ya que las obras próximas a ser finalizadas tendrían un impacto más que positivo para quienes habitan en las costas de la Cuenca como así también para el medio ambiente.
Como siempre la Corte tiene la última palabra y los vecinos esperan. El informe es claro y, con demoras, los progresos en el saneamiento son evidentes pensando en solucionar un problema que lleva ya más de tres décadas.