Esta semana en Monte Grande la nueva víctima fue Gustavo Daniel Fernández, un abogado de 54 años, a quien motochorros asesinaron delante de su hijo de siete años. Un colega que llevaba 30 años dedicado a la profesión y que junto a su mujer, también abogada, varias veces habían abordado el tema de los menores y el delito. Las paradojas de la vida hoy la encuentran a ella, a quien le mando todo mi afecto, paz y fuerza en este momento, delante del crímen de su compañero de vida por el que se detuvieron a un mayor y a dos delincuentes más de 16 y 17 años. “El mayor, en teoría, va a quedar detenido, pero de los menores no se sabe; va a depender del Juez de Menores. Yo voy a pedir hablar con Su Señoría y que les explique a mis hijos por qué los va a largar, si es que no los largó o los estará por largar”, dijo la viuda de Fernández.
Su análisis es claro y contundente y va de la mano con lo que yo mismo expresé en una nota periodística la semana pasada. Porque si bien vulgarmente se dice que con 17 años es punible, la realidad es que en la Provincia de Buenos Aires depende de la voluntad de los Jueces que muchas veces terminan dejándolos en libertad y en otras ocasiones van a parar a lugares de detención de los que se fugan antes de lo que cualquiera pudiera imaginar. Este nuevo hecho nos obliga, ahora mucho más, a acompañar con contundencia el proyecto que está redactando el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y que tiene el apoyo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el cual se bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años.
Hoy no hay lugar para los tibios. La sociedad reclama, desde hace años, por un estado que la dejó desamparada y es necesario atenderla. Los delitos cometidos por menores crecen exponencialmente y son pocas las herramientas con las que contamos los profesionales para darles respuestas a las víctimas. En mi caso me tocó defender a Ada Vera, la viuda de Adrián Bustamante, a quien asesinaron salvajemente una patota de la que participaron menores. En nuestro caso y siempre buscando la justicia para la víctima, llevamos la propuesta de juicio abreviado, la cual fue avalada por el fiscal y así logramos la condena de esos dos menores. Claro que el problema es que ambos recayeron en una Institución de menores y no en una cárcel como debería ser en la práctica. Nadie duda que un menor de 16 años no debe estar alojado junto con mayores. Pero lo que sí hay que hacer es construir cárceles para esos menores y desterrar de una vez esos lugares de reclusión que no son más que Institutos controlados por celadores sin otra autoridad que la de la persuasión.
Será la política, una vez más, la que deba dar respuestas. El gobierno esta vez va en serio, la sociedad espera, los delincuentes siguen haciendo de las suyas y ya no hay tiempo que perder. Es ahora y al que no apoye este proyecto, será la ciudadanía la encargada de juzgarlo.
Matías Morla, abogado.