En una decisión que reafirma el valor de la libertad de expresión, el fiscal federal Ramiro González desestimó la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra la periodista Nancy Pazos. La denuncia acusaba a Pazos de “instigación a cometer delitos” tras sus polémicas declaraciones en respuesta a un discurso del presidente Javier Milei.
El origen de la controversia radica en los comentarios de Milei en Estados Unidos, donde afirmó que “antes de morirse de hambre la gente algo va a hacer”. Nancy Pazos, en un programa de radio, hizo referencia a los saqueos de supermercados ocurridos en 2001, sugiriendo que, con las declaraciones del presidente, la gente podría verse impulsada a tomar medidas similares.
Las declaraciones exactas de Pazos fueron: “Lo que sigue son los curas haciendo huelga de hambre, y se viene el saqueo. Digamos, amerita que con esto que ha dicho el Presidente, tienen que ir a buscar la mercadería, abrir esos galpones y que la gente pobre se la lleve, por las malas”.
En su dictamen, el fiscal González señaló que las expresiones de Pazos, aunque tal vez desafortunadas, no constituyen un delito. “No deben descontextualizarse los dichos denunciados pues fueron proferidos en el marco de una entrevista y claramente pretendieron realizar una analogía entre los dichos del Presidente y la situación existente en los comedores populares”, explicó el fiscal. Añadió que las declaraciones no tuvieron la entidad suficiente para considerarse una conducta delictiva que ponga en peligro la tranquilidad social.
Para el fiscal, los comentarios de Pazos pueden ser vistos como un análisis de la situación política y social actual, más que una incitación directa a cometer delitos. “Podrían tratarse de manifestaciones desafortunadas o inoportunas, pero que no se les reconoce idoneidad ni entidad suficiente como para crear un peligro frente al bien jurídico que las normas tutelan”, afirmó.
En respuesta a los argumentos de Cúneo Libarona, quien sostenía que las expresiones de Pazos excedían el derecho a la libertad de expresión, González insistió en que las manifestaciones de la periodista no constituyen un delito penal. “Solicitaré la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito”, concluyó el fiscal.
Esta decisión subraya la importancia de contextualizar las declaraciones en debates públicos y el cuidado de no restringir la libertad de expresión sin una causa justa y fundamentada.