La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia original y abrió un período de cinco días para que el gobierno nacional conteste y aporte pruebas.
El fallo fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal.
Batalla judicial entre Ciudad y Nación por la presencialidad educativa
La presencialidad en las escuelas porteñas continuaba este lunes dirimiéndose en la Justicia tras el fallo emitido anoche por una Cámara de CABA que desconoció un DNU del Presidente Alberto Fernández por razones epidemiológicas y dispuso que haya clases presenciales en el distrito en estos 15 días, decisión que hoy fue ejecutada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pero que rechazan los docentes de la Ciudad, quienes realizan un paro de 24 horas.
En el plano judicial, tras la decisión de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario de la Ciudad, que dispuso anoche el retorno de la presencialidad educativa en CABA, la Procuración del Tesoro de la Nación pidió la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial. Esta medida quedó sin efecto tras la votación mayoritaria del máximo tribunal de Justicia.
En otro escenario judicial, pero vinculado al mismo tema, la jueza federal María Servini quedó a cargo de dos denuncias presentadas en las últimas horas en los Tribunales Federales de Retiro vinculadas al decreto presidencial 241/2021 que estableció nuevas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
Una de las denuncias la radicó la abogada Valeria Carreras contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y la referente del PRO, Patricia Bullrich, por “violación de medidas para la propagación de una epidemia y asonada”.
En este caso, se los denunció por “atentar contra la salud pública mediante una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU que restringe la presencialidad escolar, la reducción horaria de circulación para la ciudadanía y el cierre de comercios” para evitar que los contagios sigan su crecimiento exponencial de los últimos días y en un marco de posible saturación del sistema sanitario debido a la demanda de internaciones por Covid-19.
Esta normativa “apunta a frenar la segunda ola de contagios de Covid 19”, sostuvo Carreras, quien aludió además a “sedición, en grado de tentativa”.
La otra denuncia se presentó contra Mauricio Macri y también resultó sorteada en el juzgado de Servini, por supuesta “instigación a cometer delito, resistencia o desobediencia a funcionario público y violación de medidas para la propagación de una epidemia”.
En este caso el abogado Federico Paruolo denunció al expresidente por una publicación en Twitter en la que pedía a los intendentes que mantuvieran las escuelas abiertas.