Los legisladores del Frente de Todos de Entre Ríos pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que convoque a una sesión especial para debatir el proyecto de emergencia para la actividad turística, que se encuentra paralizada por las restricciones que existen debido a la pandemia de coronavirus.
El pedido fue realizado por los legisladores Mayda Cresto, Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, quienes consideran que es “esencial” que se convierta en ley el proyecto de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística Nacional que fue sancionado la semana pasada por el Senado.
De todos modos, para que Massa pueda citar a una sesión especial previamente se debe prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto del cuerpo legislativo, y Juntos por el Cambio exige conocer previamente la agenda que se debatirá y que se excluya la reforma judicial.
El sistema de trabajo remoto está regido por un protocolo que debe prorrogarse con el acuerdo de los bloques políticos y, al haber vencido el viernes 7, ahora se necesita un nuevo aval a ese método que se utiliza desde marzo, cuando se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio.
En un comunicado, los legisladores entrerrianos solicitaron a Massa que “se incluya este tema como prioritario, dada la urgente necesidad de dar respuestas favorables a las actividades turísticas entrerrianas y de toda la Argentina” y dijeron que “esperan los bloques opositores acompañen esta solicitud”.
El proyecto establece la emergencia del sector por 180 días y se incluyen medidas impositivas, fiscales y crediticias, un plan de reactivación productiva para el sector y se promueve la preventa de paquetes turísticos nacionales.
Los beneficios alcanzan a alojamientos en hoteles, hosterías y cabañas, gastronomía, transporte para excursiones, agencias de turismo, ferias y congresos, productos regionales, servicios de profesionales del sector y guías de turismo, entre un largo listado de actividades contempladas.
Además, prorroga el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de este año para todas las actividades paralizadas o que demuestren una facturación menor al 30% de la que tenían previamente a la pandemia.
Entre las principales medidas contempladas en esa ley figuran la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales de empresas del rubro, el pago del salario complementario (ATP) hasta fin de año.
También prorroga vencimientos impositivos hasta el 31 de diciembre, por los impuestos sobre el patrimonio, los capitales y las ganancias, reducción de alícuotas sobre la ley del cheque y créditos bancarios a 36 cuotas con una tasa cero en el primero año y luego con un interés del 20 por ciento.
Además determina que los servicios contratados afectados por Covid-19, podrán reprogramarse en los siguientes 18 meses, entregar vouchers transferibles hasta en 18 meses, o reintegrar el monto mediante el pago de 3 a 6 cuotas.