La capacidad jurídica es la que les permite, a todas las personas, tener derechos y poder hacer -por nosotros mismos- que esos derechos se cumplan. Nuestra legislación reconoce que las personas con discapacidad (PdC) poseen esta capacidad.
Permite que podamos hacer actos que son esenciales en nuestra vida cotidiana como votar, sacar el registro para conducir, comprar cosas (un automóvil o una casa, etc) , sacar un préstamo, decidir sobre nuestra salud, casarse, trabajar, etc.
Poder tomar decisiones sobre nuestros derechos es un gran paso hacia la autonomía de una persona.
Las PcD también tienen plena capacidad para tomar decisiones, por sí mismas, sobre sus derechos y realizar los actos para cumplirlos. Una PcD mayor de edad puede votar, tomar decisiones sobre su salud, comprar bienes, pedir una pensión, etc.
Si la persona necesita uno o varios apoyos para poder realizar estos actos tiene el derecho de tenerlos. Estos apoyos pueden ser variados, según la necesidad que tenga la PcD, pero lo que es esencial es que los apoyos nunca reemplazan a la persona sino que la acompañan, la ayudan, la asisten para garantizar que pueda tomar sus decisiones.
Todo esto surge de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene, para nuestro país, la misma importancia que la Constitución Nacional. El Código Civil y Comercial de la Nación también fue reformado con esta nueva mirada, dejando atrás -en principio- las viejas figuras de la insania, la curatela y la representación.
Muchas veces sucede que una persona con discapacidad quiere, por ejemplo, pedir una pensión por discapacidad o vender un automóvil de su propiedad y no le permiten hacer el trámite por sí misma, por motivo de su condición.
Esto es el resultado de la mirada prejuiciosa y de la ignorancia legal por parte de las entidades públicas y privadas y no puede suceder más.
Es necesario informarse y dejar de pensar en las PcD como incapaces, porque esto es historia vieja. También es importante que el Estado forme y capacite a todo su personal, en sus distintas reparticiones, sobre este tema para evitar vulnerar los derechos de las PcD en la práctica y evitar reclamos administrativos o judiciales innecesarios.
También deben cambiar la mirada los magistrados que son quienes intervienen en los procesos judiciales y deben aplicar esta nueva normativa con una perspectiva de derechos humanos.
Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires se sancionó la ley 15.296 que establece la capacitación obligatoria sobre temáticas referidas a la discapacidad para los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado.
Es esencial que las personas con discapacidad y sus familias conozcan este tema y la legislación que la regula para exigir sus derechos.
Todas las personas tenemos derecho a tener derechos. No permitir que una persona, por su condición, pueda hacer valer sus derechos equivale a negarle sus derechos.