Insólito es lo que está pasando en la Justicia Federal de Morón. En medio del debate por la ley de alquileres, de los aumentos desmedidos, hay tres Juzgados Federales que el próximo 4 de diciembre serán desalojados. Así lo aseguran los más de 150 personas que trabajan en los tres Juzgados Federales de Morón y que recibieron un email en el que les informaron de la medida. ¿La razón? El Consejo de la Magistratura presidido por el juez de la corte Horacio Rosatti, de modo unilateral, decidió dejar de pagar el alquiler del inmueble de la calle C. Larralde 673 de Morón. Ante la falta de pago del alquiler, cuyo contrato se viene extendiendo desde 2003, el propietario, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo y la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo para instar el desalojo.
El inmueble se viene alquilando desde 2003 por parte del Consejo de la Magistratura pero en 2013 el convenio se rompió ya que el propietario no aceptó el precio que ofrecían desde el Poder Judicial y desde entonces el dueño acusa la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales.
Ante este inconveniente, la única respuesta parece ser la mudanza. Según trascendió, la idea es llevar los tres Juzgados a un sector con la mitad de superficie (1400 metros cuadrados) a 10 cuadras dentro de un polo industrial (La Cantábrica) lo que implica que si una persona quiere realizar una denuncia deba tomarse no menos de dos colectivos y un tren.
Pero los problemas para la gente no terminan ahí, ya que por ser una zona industrial es una zona plagada de camiones que realizan maniobras que ponen en riesgo a los transeúntes, exige el registro de todos los ingresantes (¿Cómo se protege la identidad de un denunciante en estos casos?), no cuenta con acceso para personas con discapacidad y no cuenta con espacio para el alojo de personas privadas de la libertad.
Tres Juzgados con causas sensibles de narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, corrupción, entre otras, que se ven obligados a salir del contacto con la gente por razones ajenas a su actividad. ¿Cómo se llega a este momento y quién es el responsable? Los trabajadores aseguran que el actual Administrador del Consejo de la Magistratura, Claudio Cholakian, fue quien tomó la decisión de dejar de pagar y hoy empuja a 150 personas a un sector en el que nada tiene que hacer un Juzgado.
No existe lugar para oficinas sino espacios abiertos de co-working, sin espacio para resguardo de documentación y/o efectos sensibles (droga, por ejemplo), ni para que los abogados puedan entrevistar a sus asistidos.
La fecha de vencimiento es dentro de dos meses y centenares de expedientes están librados al azar, al igual que la suerte de quienes tendrán que ir a denunciar a un lugar inapropiado.