Un juzgado de la provincia oriental de Jorasán – Razaví ha ejecutado a cuatro individuos por un crimen que sacudió un enclave rural el pasado octubre. Un juez había concluido que Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini y Mohammad Watandoost, todos con antecedentes criminales, habían secuestrado a una pareja de montañeros, habían herido con un arma blanca y amordazado al chico y, acto seguido, habían violado a su pareja.
“Secuestro”, “violación”, “amenazas” y “omisión de socorro” fueron los cargos contra los culpables, identificados y capturados días después en distintos lugares de Irán, y que pasaron a ser conocidos como las ‘hienas de Fariman’, nombre de la región donde ocurrió el suceso. Allí se encuentra el monte Dal, uno de los sitios de peregrinación más conocidos para la cuantiosa comunidad de escaladores iraníes. Para salir pronto hacia la cima, muchos de ellos pernoctan en tiendas de campaña.
Según medios locales, la noche anterior los dos excursionistas habían llamado la atención de los delincuentes, quienes aguardaron a que la pareja regresara de la cima para asaltarla. En clara minoría, ni ella ni él, sujeto con bridas y herido en el cuello, pudieron hacer nada. Con el esposo apresado, los criminales, enmascarados, abordaron a la joven mujer, de veinte años. La violaron, forzando al marido a verlo todo, y se fueron. Tras desprenderse de las ataduras, el matrimonio acudió a la Policía.
Leyes que culpan a las víctimas
La denuncia de crímenes de índole sexual está condicionada por el tipo penal que los acoge: ‘zena’ cubre tanto adulterio como fornicación prematrimonial, lo que desemboca en la posibilidad de que una violación sea interpretada como un crimen cometido también por la víctima, pudiendo actuar de disuasorio para la denuncia. Además, los juzgados provinciales, formados por cinco jueces hombres, lidian con los casos de violación, lo que, creen los abogados, puede cohibir a algunas víctimas.
Este sistema se tambaleó a raíz de la explosión del ‘Me Too’ iraní. A finales del año pasado, las redes sociales iraníes se llenaron de denuncias contra celebridades locales, algunas de las cuales fueron acusadas de abusos sexuales graves. Aunque desconocido, Keyvan Emamverdi, un librero teheraní señalado por varias mujeres, fue arrestado y podría enfrentarse a pena capital por envenenar y abusar sexualmente de varias mujeres. La misma Policía invitó a las víctimas a denunciar.
Aquel caso abrió un acalorado debate sobre el uso de la pena de muerte para los violadores, en un país con un código penal basado en la ‘sharía’, o ley religiosa, criticado por las organizaciones pro DDHH por su dureza. Aquella discusión se ha reabierto ahora aunque, esta vez, el posicionamiento mayoritario sí fue a favor de la ejecución de las ‘hienas’. Crímenes como el ocurrido en Fariman no son comunes en Irán, por lo que su singularidad, la escena y la abundancia de pruebas han contribuido a este resultado.
El pasado enero, el Gobierno aprobó un borrador de ley cocinada durante más de ocho años. La llamada Ley para la Protección, la Dignidad y la Seguridad de las Mujeres contra la Violencia, que aún deberá recibir la luz verde del Parlamento y del Consejo Guardián de la Constitución, pretende mejorar la protección de la mujer y atender mejor a casos de este tipo. Los críticos advierten que, pese a ello, la norma no resuelve casos potenciales de abusos en el ámbito familiar. //ElMundo.es