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martes, mayo 4, 2021
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Indagan a Facundo Moyano tras presunta fiesta clandestina en Puerto Madero

Fue citado a declarar por el delito de "coacción agravada". El denunciante fue el empresario ex de Moria Casán, Luciano Garbellano. La acusación completa

Facundo Moyano fue citado por la Justicia acusado de haber amenazado y coaccionado a un empresario, que fue quien lo denunció el año pasado por una presunta fiesta clandestina que el diputado habría organizado en su casa de Puerto Madero.

El juzgado Criminal y Correccional Nro. 40 había llamado a indagatoria al legislador nacional este viernes vía Zoom. Finalmente, luego de que le leyeran la acusación, el imputado se negó a declarar.

Quien lo denunció fue el conocido hombre de negocios Luciano Garbellano, ex de Moria Casán, el cual presentó un escrito con el patrocinio del Dr. Andrés Rabinovich.

La calificación de la causa que lo tiene como imputado y ahora indagado al diputado Moyano es “coacción agravada”.

Tanto en la Justicia federal como en la nacional se presentaron dos denuncias que tienen al dirigente del Frente de Todos como principal sospechoso. En ambas, la acusación fue impulsada por Garbellano.

Moyano y su pareja Bargiela fueron denunciados por una fiesta clandestina en Puerto Madero

La primera de ellas refiere a una presunta fiesta clandestina que habría sido organizada por Moyano en su departamento de la Torre Forum de Puerto Madero a mediados del año pasado. Causa que es investigada por el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 a cargo del doctor Sebastián Ramos.

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En ella también se menciona como acusada a la pareja del legislador, Eva Bargiela -ex azafata del programa de Guido Kaczka-.

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Coacción agravada

La segunda, por amenazas, llegó a instancia de indagatoria y es investigada por un juzgado Criminal y Correccional de la Nación.

La pena prevista en la ley es de prisión o reclusión de dos a cuatro años, salvo el caso en que se utilizaren armas o la amenaza fuera anónima, porque entonces la pena se elevaría y tendría lugar la prisión o reclusión de tres a seis años. 

Tras la indagatoria, podría ser procesado y podrían requerir su desafuero legislativo.

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