El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso hoy la prisión preventiva del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, detenido en una causa que investiga el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA), informaron fuentes judiciales.
La medida se dispuso a pedido del fiscal federal Eduardo Villalba, quien también amplió la acusación contra el exjefe comunal; su exsecretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y el empresario Diego Alos.
En la última de tres audiencias llevadas adelante en la investigación penal por el robo de los caños, el juez Montoya dispuso la prisión preventiva de Prado.
El caso se inició en abril pasado, a partir de la denuncia de un empleado de esa obra, mientras el 18 de mayo comenzaron las imputaciones, que incluyen a diez acusados, y ya se logró la recuperación de 260 caños.
El exintendente fue detenido el martes, a partir de un pedido de Villalba, quien avanzó con el planteo de la prisión preventiva.
Villalba sostuvo que, a medida que la investigación avanza, la situación de Prado es cada vez más comprometida y la expectativa de que reciba una condena con prisión efectiva aumentó, por lo que recomendó su detención a fin de evitar una posible fuga,dijeron los portavoces.
Asimismo, aludió a la necesidad de la medida a fin de recabar pruebas que se encuentran pendientes, ya que de lo contrario ello se vería frustrado.
El martes, en tanto, en la primera de tres audiencias realizadas en el marco de este caso, la Fiscalía le presentó a Montoya la ampliación de la acusación penal en contra de Prado, su ex secretario de Hacienda y el empresario mendocino, dueño de la firma OSYP SA.
La imputación fue por robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado respecto a los hechos de abril, y frente a este planteo el juez resolvió hacer lugar a la ampliación de la acusación penal.
Villalba repasó la génesis de la investigación penal abierta por el robo de caños del Gasoducto del NEA, instancia en que hizo hincapié en la gravedad del accionar delictivo de los acusados, pues se afectó una “obra estratégica destinada a beneficiar a más de tres millones de personas”.
“No solo eso, sino que también estaba previsto que este gasoducto se convierta en una base energética para un futuro desarrollo industrial”, señaló, y agregó que provincias como Chaco y Santa Fe ya concluyeron obras similares, pero en Salta están pendientes 130 kilómetros de cañería, siete de los cuales serán difíciles de concretar debido a que se robaron los caños.
Además, recalcó que el Estado Nacional “invirtió muchos fondos en esta obra, mientras que un funcionario público se encargó de destruirla para sacar de ella beneficios propios”.
Villalba imputó a Alos el robo de 52 caños que fueron extraídos del gasoducto, que luego fueron vendidos a otro empresario, también imputado en este caso y dueño de una firma cuyas instalaciones se encuentran en el partido bonaerense de Quilmes, señalaron las fuentes.
El fiscal dijo que se deben sumar otros 22 caños también extraídos de Aguaray, aunque se logró recuperarlos cuando eran trasladados en dos camiones que fueron detenidos por la Gendarmería en General Mosconi, norte salteño.
Advirtió que a partir de actuaciones de la Fiscalía se logró también el secuestro de otros 128 caños en los predios de otras dos empresas.
Por esta causa se intervino el municipio de Aguaray y tras la remoción de Prado asumió Adrián Zigarán como interventor, designado por el Gobierno provincial.
Prado tiene abierta otra causa en la justicia provincial por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que investiga el fiscal penal de Salvador Mazza Armando Cazón.