Agentes aduaneros apostados en el Paso Fronterizo Internacional La Quiaca-Villazón estaban realizando los debidos controles sobre las personas que ingresaban a nuestro país cuando un escáner arrojó imágenes inquietantes de una mochila.
El dueño de ésta, un hombre de nacionalidad boliviana, había realizado los trámites migratorios de ingreso a la Argentina alegando fines turísticos, pero los agentes de la Aduana habían advertido en él conductas que les parecían sospechosas: una tendencia a evadir la mirada, respuestas lacónicas —algo no terminaba de cerrar.
Ciertamente, el paso de su mochila por el escáner aduanero reveló un objeto que, en un principio, parecía contener balas. En ese marco, procedieron a abrir el equipaje para examinarlo en forma exhaustiva y constataron que no eran proyectiles lo que habían advertido, sino fulminantes de ignición. Para ser precisos, una caja de pequeñas dimensiones con 99 fulminantes comunes, accesorios utilizados en la elaboración de explosivos. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detallaron que su valor asciende a aproximadamente $400.000.
De hecho, en términos legales —según indica el Decreto 302/83— los detonadores son clasificados como explosivos Clase A – 1 (accesorios de voladuras destinados a iniciar altos explosivos). Por esa razón, el legítimo ingreso de esa mercadería al territorio aduanero requiere autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y su importación vía el régimen de equipaje está estrictamente prohibida.
Ante el descubrimiento, el hombre del país vecino atinó a decir que trabaja en minería y que había olvidado sacarlos de su bolso previo a irse de vacaciones. Pese a ello, el organismo que dirige Guillermo Michel secuestró los fulminantes, dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y labró actuaciones por infracción al artículo 977 del Código Aduanero. Por esa razón, al ciudadano boliviano podría caberle una multa de hasta $1.200.000.