Una fiscal apeló el sobreseimiento de una mujer y de su hija que mataron de 185 puñaladas al padre de la familia en marzo de 2019 en José C. Paz, al considerar que los actos de violencia familiar constatados a los que eran sometidas no justifican el ataque y cuestionó al juez por no valorar correctamente la prueba, no escuchar a las víctimas y no dejar que el caso llegue a juicio oral.
Los defensores oficiales de Paola Elvira Córdoba (39) y de su hija, Paula Milagros Naiaretti (20), criticaron la decisión del Ministerio Público por su “falta de perspectiva de género” y el “empecinamiento” por seguir “maltratándolas”.
La apelación y el pedido de que se revoquen los sobreseimientos de ambas mujeres fue presentada por la fiscal Silvia Bazzani González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, ante la resolución del juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Ramón Brizuela, tomada a fines de mayo último.
En su fallo de 132 páginas, al que Télam tuvo acceso, el magistrado consideró que del “contenido de las declaraciones de las imputadas, se desprende -concordantemente- un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual ejercida por parte de Alberto Elvio Naiaretti sustancialmente contra la imputada Córdoba, pero también contra todo el grupo familiar, lo que encuadraría como violencia doméstica”.
El magistrado tuvo en cuenta además que a pesar de que Córdoba “denunció más de una vez” a Naiaretti por distintos hechos de violencia, “no obtuvo una respuesta acorde por parte del Estado” y “se encontró envuelta en una dinámica sin salida”.
A raíz de ello, Brizuela fundamentó el sobreseimiento de la mayor de las víctimas en el “estado de necesidad disculpante”, que “neutraliza la posibilidad de reproche” y consideró que “la culpabilidad de la autora es nula al haber actuado para preservar su vida y la de sus hijos”.
Por este motivo, sobreseyó a Córdoba del delito de “homicidio calificado por el vínculo y ensañamiento”, y a su hija por entender que se trató de una “legítima defensa de terceros”, ya que la joven advirtió el peligro que su madre corría a manos de su padre.
Pero para la fiscal de la causa, la resolución de Brizuela de cerrar el caso vulnera “las garantías constitucionales de legalidad y debido proceso” de la parte acusadora, al considerar que si bien las imputadas vivían situaciones de violencia de género y violencia familiar no hay “justificativo alguno” para escindirlas de la responsabilidad penal.
Concretamente, Bazzani objetó en su apelación, a la que accedió esta agencia, la existencia de “una valoración errónea de la prueba” por parte del juez.
Además cuestionó que “las víctimas no fueron escuchadas antes del dictado de dicha resolución” y que “no se respetó el sistema acusatorio, cerrando de manera definitiva la causa e impidiendo que esta parte acusadora someta el caso a un debate oral y público con jurado”.
“Sin apartarme de la perspectiva de género que el caso requiere, evidenciándose, como lo he dicho de manera reiterada, en el seno de la familia en cuestión, situaciones de violencia, no puedo de ningún modo considerar en este caso, que los actos de violencia constatados justifiquen ‘matar'”, expresó en el escrito.
La funcionaria judicial agregó que “es derecho de las víctimas, familia y la ciudadanía toda que haya un debate oral y publico en este caso, para que sea el jurado quien en definitiva, luego de escuchar la prueba producida por ambas partes, llegue a un veredicto de inocencia, de culpabilidad o incluso hasta de una conducta atenuada”.
Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo en su casa de la calle 18 de Octubre 889 de José C. Paz, y su esposa e hija quedaron detenidas por el crimen y luego confesaron ante la justicia haberlo asesinado porque hacía años eran víctimas de violencia intrafamiliar.