En una audiencia realizada este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata emitió el veredicto en el caso de la Masacre de Monte, condenando a dos policías a cadena perpetua y a otros dos a 15 años de prisión.
La jueza Carolina Crispiani anunció al mediodía los grados de culpabilidad de Rubén Alberto García, Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, quienes fueron encontrados culpables por un jurado popular de los asesinatos de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez, así como también por las lesiones infligidas a Rocío Quagliariello.
García y Ecilape fueron hallados culpables del delito de “homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial, y por ser cometido mediante arma de fuego”, recibiendo así la pena de prisión perpetua. Por otro lado, Ibáñez y Monreal fueron condenados por “tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial, y por ser cometido mediante arma de fuego”, siendo sentenciados a 15 años de prisión.
Estas penas fueron determinadas tras el veredicto emitido el 17 de mayo por un jurado popular compuesto por 12 personas.
El 2 de junio se llevó a cabo una audiencia para discutir las sanciones, en la que las partes expusieron sus argumentos para determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Durante la audiencia, los querellantes solicitaron que los dos policías con la pena más baja fueran condenados a 20 años de prisión, mientras que apoyaron la pena de prisión perpetua para García y Ecilape.
En ese contexto, el fiscal Mariano Sibuet hizo referencia a los testimonios de los psicólogos en el juicio, quienes destacaron la devastación causada por el hecho y el daño irreparable sufrido por las víctimas y sus familiares, que perduraría de por vida.
Por su parte, Margarita Jarque y Luz Santos Morón de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), abogadas de las familias de las víctimas, denunciaron una violación a los derechos humanos, ya que los policías tenían la responsabilidad de proteger a las víctimas en lugar de atacarlas, lo que representó una traición y mayor indefensión.
En respuesta al veredicto, María Celeste Baqué y Luis María Giordano, defensores de los acusados, afirmaron que apelarán la decisión en Casación, considerándola una injusticia. Además, adelantaron que solicitarán la nulidad del juicio y la realización de uno nuevo.