Luego de la protesta policial más importante en la historia de la policía de la Provincia de Buenos Aires y luego de analizar los dichos del Ministro de Seguridad Provincial Dr. Sergio Berni, me permito compartirles mi humilde opinión como expolicía y abogado especializado en fuerzas de seguridad.
Indudablemente la protesta tiene muchas aristas por analizar. En primer lugar debemos decir que el reclamo es genuino y legítimo; los sueldos son miserables, el trabajo excede las 48 horas semanales y nunca son pagas dichas horas extras y de hacerlo, se realizan como Co.Re.S (Compensación Recargo de Servicio) con valores que transitan una escala de $20 a $80, sin actualización alguna.
Por otro lado no se puede desconocer, que en esta pandemia más de 7mil trabajadores uniformados fueron infectados de COVID 19. El Estado provincial no ha podido brindarle a sus propios trabajadores los artículos de protección mínimos e indispensables para evitar el contagio (paradójicamente, los mismos artículos que nos obligan a usar a los privados). Este riesgo, sumado a la pérdida de las adicionales, afectó rápidamente sus ingresos mensuales, por eso reafirmamos que este reclamo fue legítimo y genuino.
El ministro de Seguridad aseguró que a pesar de la protesta policial “nunca se rompió la cadena de mandos” y destacó que “muchos de los efectivos que protestaron frente a la residencia presidencial estaban bajo los efectos de algunos estupefacientes y drogas.” No voy a referirme al comentario sobre las drogas por considerarlo de lo más bajo e inmoral, pero en cuanto a la cadena de mandos hay mucho para decir. Es obvio que estuvo cortada durante la protesta, tal es así, que se manifestó directamente en las puertas de la residencia presidencial, desconociendo la autoridad y capacidad para resolver el problema no solo de los jefes policiales y el Ministro, sino también del mismísimo Gobernador. Hay muchísimos Jefes que ocupan cargos sin poseer las capacidades mínimas para dichos puestos. El solo hecho de no verlos en la protesta no es indicativo suficiente del mantenimiento de la cadena de mando. En verdad ellos también apoyaban la marcha, solo que se escondieron para preservar su despacho. De todas maneras quedó a la vista que no pudieron controlar que quienes se manifestaban lo hagan con los móviles y muchos de ellos en horas de servicio.
Es cierto que estamos ante un problema estructural que lleva años sin solución como bien señala el Ministro, pero no es menos cierto que tampoco él inicio acciones para solucionarlo en el tiempo que lleva de gestión. En algún momento del pasado y ante la falta de sindicalización policial, se pretendió equipar los salarios a la paritaria docente; tal vez si la política hubiese respetado ese compromiso hoy no estaríamos viviendo este conflicto.
La ley habilita al Ministro la aplicación de sanciones disciplinarias, y a pesar de los dichos que niegan su aplicación, la historia nos demuestra lo contrario. Siempre que se sucedieron protestas semejantes las sanciones aparecieron. Quien no puede mandar con el ejemplo, intenta hacerlo con el garrote. Los trabajadores uniformados deben estar anoticiados al respecto.
Hay un tema que muchos pasaron por alto, y es que el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires Dr. Julio Conte Grand, Jefe de todos los fiscales, impartió la directiva de “investigar” los hechos a sus veinte unidades funcionales de instrucción denominadas “Temáticas” como “Violencia Institucional”, no para realizar una cacería de los uniformados dice, sino para poder determinar a través de cibercrimen quién arengó a la convocatoria, quién hizo los carteles que se pegaron en los móviles, quién entrego bombos y redoblantes que eran nuevos y banderas argentinas, de dónde salió todo ese “cotillón” que los hacía ver como rebeldes a los y las trabajadores uniformados, quién era ese abogado que dijo ser vocero y qué interés tenía detrás de su exposición mediática. Veremos que resulta de dicha investigación, y si se condice con la intención que dice tener.
Creo que todos los trabajadores uniformados deben estar preparados para recibir citaciones judiciales o administrativas y pensar en encararlas técnicamente con lo estipulado por la ley 13982 y su decreto reglamentario 1050/09 y no pensando en que todo se puede solucionar haciendo marchas. Toda protesta tiene un principio y un fin, este reclamo existió por siempre y lo que se obtuvo en estos días nadie lo logró en 30 años; pero es en un marco de paz social donde se podrá hacerlo duradero. De otra manera será utilizado políticamente, como lo fueron muchos otros, desdibujando su legitimidad.
Para terminar, hoy más que nunca el trabajo y la lucha contra la inseguridad debe ir de la mano de la capacitación, equipamiento, sueldos adecuados, directivas claras y concretas. Les comparto un link https://youtu.be/34fBAa-xlUg que presentamos desde el Grupo Privanza hace ya nueve años en el Municipio de Avellaneda al Intendente Jorge Ferraresi y que por los colores que el video tenia increíblemente lo desechó. De algo estamos seguros y el tiempo nos da la razón, de haberlo llevado adelante la ciudad de Avellaneda sería mucho más segura de lo que es hoy.